Actualmente, el Canal es el principal motor de la economía panameña, razón por la cual es parte de los intereses nacionales del país.
Frente a los constantes cambios que se presentan a nivel mundial, Panamá, debe proteger y defender los intereses nacionales a través de una robustecida política exterior.
En esa línea, actualmente existe un Protocolo al Tratado concerniente a la Neutralidad Permanente y al funcionamiento del Canal de Panamá, el cual solo ha sido firmado por aproximadamente 40 países. No obstante, quedó abierto a la adhesión de todos los países del mundo desde el 1 de octubre de 1979, en la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos.
Entre los países miembros de la comunidad internacional que han firmado este protocolo se encuentran: Vietnam, Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Malawi, Honduras, Taiwán, Guatemala, Chile, Egipto, España, Filipina, Túnez, Costa Rica, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Dinamarca, Noruega, Reino Unidos de la Gran Bretaña, Israel, Argentina, República Dominicana, Suecia, Jamaica, Belice, Países Bajos, Liberia, Ecuador, Finlandia, Uruguay, Guinea Ecuatorial, Arabia Saudita, Barbados, Alemania, Rusia, Paraguay, Marruecos, Italia, Francia.
Al momento de la firma de los Tratados Torrijos Carter en 1977, el mundo se encontraba frente un contexto político, social y económico totalmente diferente al actual y durante ese periodo, conocido como la guerra fría, los principales actores dentro de la sociedad internacional eran los Estados.
Después de la caída del bloque de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, el mundo se alineó frente a un nuevo orden y un sistema internacional conocido como el capitalismo. En este mismo período también se transfirió el Canal a manos panameñas, específicamente en el año 1999.
El reto de proteger al Canal, el cual es un interés nacional, gira en torno a la falta de postura de neutralidad como país. No obstante, frente a estos nuevos escenarios, Panamá podría utilizar los espacios multilaterales y bilaterales para crear acercamientos e impulsar, como parte de la agenda estatal, la adhesión de más países al Protocolo de Neutralidad.
Con el establecimiento del nuevo orden mundial surgen otros actores que no son exactamente estatales, en otras palabras, surgen las organizaciones terroristas que hasta nuestros días representan una amenaza al orden establecido internacionalmente.
Un suceso de reciente data, que generó grandes cuestionamientos, fue la adhesión por parte del anterior gobierno panameño (2014-2019) a la Coalición Internacional contra el Estado Islámico para combatir el financiamiento del terrorismo.
Al haber asumido esa posición como país estamos liderando una lucha contra actores no estatales y grupos radicales que tienen como finalidad sembrar el terror y construir un poder social, político, cultural y religioso absoluto, además de la búsqueda de la expansión territorial.
Panamá tiene la gran responsabilidad de proteger el canal interoceánico y para cambiar el curso frente a las futuras amenazas, deberá reconsiderar sus lineamientos políticos y buscar una aproximación a países con los que hemos establecido relaciones diplomáticas con miras a proteger los intereses nacionales.
La autora es analista de Relaciones Internacionales