El nuevo coronavirus ha provocado una pandemia de alto riesgo de contaminación infecciosa y múltiples e impredecibles desenlaces negativos para toda la humanidad. ¿Serán las Ciencias Forenses de Panamá una de las víctimas del impacto de esta nueva plaga?
Para la posteridad, en los registros históricos de las Ciencias Forenses, a nivel mundial, quedará constancia de un antes y un después de la llegada del Covid-19.
En Panamá, antes del arribo del maligno virus y pese a las dificultades, logramos avanzar hacia un modelo integral de servicios periciales (científicos, técnicos y artísticos), modernos, completos, con la credibilidad y el prestigio comprobados del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf).
Los peritos forenses – profesionales expertos en múltiples áreas del conocimiento – buscan, analizan e interpretan los indicios y evidencias relacionados con la comisión de los delitos y luego aportan las pruebas científicas a las investigaciones y procesos judiciales.
La mayoría de las tareas periciales obligan a la proximidad del perito con objetos y personas, vivas o muertas. Por ejemplo, los peritos de Criminalística deben procesar la escena del crimen en la que, además de uno o varios cadáveres, presentes están policías, funcionarios del Ministerio Público, testigos, familiares, muchas veces hacinados en pequeños espacios cerrados sin información sobre los antecedentes médicos del fallecido.
Los médicos forenses evalúan personas (víctimas, lesionados, privados de libertad, etc.) en los limitados espacios de los consultorios de la Clínica Médico Legal. En similares condiciones laborales están los psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, genetistas, biólogos, químicos y otros peritos de Criminalística, ya sea por la privacidad que requieren los asuntos tratados o por las condiciones propias de los laboratorios.
Aquellos que laboran en las morgues judiciales examinan los cadáveres de fallecidos de manera violenta o sospechosa en base a la información sobre las circunstancias de la muerte, pero generalmente sin los antecedentes médicos documentados del difunto, en vetustas morgues de limitados espacios sin facilidades diagnósticas modernas ni espacios destinados para practicar autopsias de alto riesgo biológico, como son las defunciones causadas por el nuevo coronavirus.
Llegó el Covid-19 y por un tiempo incierto nada es como antes. Tras el anuncio oficial del advenimiento de la emergencia sanitaria diversas han sido las disposiciones tomadas en el Imelcf para contribuir a la suspensión del avance de la pandemia, garantizar la prestación de los servicios periciales y, sobre todo, velar por la seguridad de su personal.
Las medidas de distanciamiento social, protección personal, pero sobre todo la incertidumbre de saber si el perito está frente a una persona o a un cadáver contaminado o no con el virus nos han obligado, para protección nuestra, de nuestros compañeros y familiares, a cambiar nuestra dinámica de trabajo. Actualmente es obligatorio el uso de equipos de protección personal, de acuerdo con el nivel de riesgo, la implementación de medidas de desinfección; además, se han establecido protocolos específicos y recomendaciones de conductas adecuadas para el abordaje de los casos potencialmente infecciosos.
Por otra parte, se esperaba que con la aplicación de las medidas de restricción social y el refuerzo de los controles policiales las estadísticas de los delitos, especialmente contra la vida y la integridad personal disminuyeran; sin embargo, todos los días se registran homicidios, van en aumento los suicidios y se multiplican los casos de violencia doméstica. Es importante conocer que, pese a que los fallecimientos por el Covid-19 son un problema de salud pública, no médico legal, nuestros médicos forenses colaboran en la certificación de los decesos y contribuyen al conocimiento de la extensión de la enfermedad en la comunidad, mediante la toma de muestras para la realización de pruebas confirmatorias de la presencia del virus en fallecidos fuera de los hospitales. Ellos también analizan la evolución de la mortalidad, de acuerdo con los registros estadísticos de las morgues judiciales.
No por último menos importante, cabe resaltar que la labor forense contribuye a la disposición final digna de los restos humanos –aún de los fallecidos con o por Covid-19 -, con el decoro póstumo que merecen.
La pandemia ya ha causado estragos y sus efectos colaterales serán evidentes en los siguientes meses o años. Uno de los más graves, y que nos concierne a todos, es el impacto en las finanzas del Estado y por ende en los presupuestos asignados a las instituciones públicas. Si algo ha demostrado esta calamidad es que la ciencia y la investigación no son prioridades para muchos gobernantes. A comienzos del año 2020 el Imelcf recibió solo una parte del presupuesto solicitado y recientemente hemos sido notificados de la adopción de nuevas medidas y recortes en viáticos, combustibles, reactivos, etc.
En una guerra, terminado el combate se recolectan los caídos y se establecen prioridades económicas y financieras. Le corresponderá al Estado liderar la estrategia de reconfiguración de los recursos y usar su capacidad resolutiva para equilibrar tanto la recuperación económica como el bienestar de sus ciudadanos, bienestar que incluye la justicia.
Con las premisas antes establecidas es fácil vaticinar que el Imelcf será una de las víctimas del impacto negativo de la crisis sanitaria, y que en el futuro de la práctica pericial forense se vislumbra un retroceso de impredecibles consecuencias.
El autor es patólogo forense, director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses
