El año 2019 concluyó sin que se resuelva uno de los crímenes políticos más atroces que se han cometido en los últimos tiempos. Se trata del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggui el 2 de octubre de 2018, a manos de sicarios del príncipe Mohammed bin Salman.
En aquella fecha aciaga Khashoggui, conocido por sus columnas en el Washington Post sobre la violación de derechos humanos en Arabia Saudita, viajó de Estados Unidos, donde residía, a Estambul para acudir a una cita en el consulado de su país en esa ciudad. Consciente de que corría peligro en su tierra natal, el periodista decidió tramitar los papeles de su próximo matrimonio en un terreno donde creía poder resguardarse de cualquier represalia por parte del despótico monarca. Pecando de ingenuidad, nunca pensó que bin Salman se atrevería a encargar a un grupo de matones a deshacerse de él en Turquía.
De todos es conocido lo que le sucedió a Khashoggui esa mañana de octubre: las cámaras de seguridad grabaron el momento en el que entró a la sede diplomática, pero nunca más se le vio salir, porque en el interior del consulado quince hombres se encargaron de capturarlo y descuartizarlo con una sierra eléctrica antes de sacarlo en trozos repartidos en bolsas de plástico. El crimen de Estado se cometió con el conocimiento de la delegación diplomática y en presencia de un médico forense enviado expresamente por la Casa Real para tutelar el macabro aquelarre.
Poco después de su desaparición (hay imágenes de los esbirros sacando las bolsas que contendrían restos humanos), tanto los aparatos de inteligencia de Turquía como los de Estados Unidos llegaron a la conclusión de que, en efecto, la operación había sido dirigida por el propio príncipe y al menos dos de sus hombres más allegados habían estado al mando de la carnicería.
Hace tan solo unos días, cinco hombres cuyas identidades no han sido reveladas fueron condenados a muerte por un tribunal saudí en medio de una farsa organizada desde el gobierno. Asimismo, dos individuos más han sido condenados a años de cárcel. Sin duda, se trata de un burdo montaje en el que el propio monarca se lava las manos manchadas de sangre, apuntando a unos sujetos que bien podrían haber sido seleccionados a dedo para pagar por un crimen que se planificó en Palacio.
A tanto ha llegado el cinismo de un sistema judicial vasallo, que la fiscalía llegó a decir que no se trató de un crimen “premeditado”. O sea, que los quince hombres sin piedad que viajaron con una sierra eléctrica y otros instrumentos de tortura aparecieron por casualidad en el consulado y al azar acabaron con la vida de un reputado periodista. Esa es la narrativa que el gobierno de Arabia Saudita ha diseminado sin el menor temor a represalias internacionales, apoyado en el hecho de que, al cabo de más de un año de que se deshicieran de Khashoggui (a quien le sirvió de poco tener ciudadanía americana), la administración Trump y otros gobiernos de Occidente se han limitado a elevar leves condenas sin pedirle cuentas al príncipe saudí.
La autora es periodista y escritora
