Conflicto de interés

El Fondo de Ahorro de Panamá y la Comisión Supervisora

Leí en el diario La Prensa, del 20 de julio de 2020, lo siguiente: “La junta directiva del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) aprobó una transferencia de $85 millones al Tesoro Nacional como parte de las medidas para responder a los efectos económicos de la pandemia del nuevo coronavirus”. La Ley 38, de 5 de junio de 2012, creó el Fondo de Ahorro de Panamá y modifica la Ley 34 de 2008, sobre responsabilidad social fiscal. Los objetivos del FAP son, en resumen, según el artículo 1 de esta ley, convertirse en la alcancía de todo el pueblo panameño.

Desde hace rato se quería pellizcar el FAP y ahora se encuentra la razón para hacerlo. Me vuelvo incrédulo cada vez que leo algo parecido, y la razón es que, con tantas noticias de usos no transparentes del dinero del país, o dinero prestado, que a la larga el pueblo tiene que pagar, no estoy seguro de a dónde van a parar. Y entonces recuerdo la frase de José Saramago, premio Nobel de Literatura, cuando un periodista al escucharlo le dijo: “Don José usted es muy pesimista”, y él contestó: “No soy pesimista, el mundo es pésimo”, y me aterra que por buenas que sean las intenciones del uso del FAP, la profesión del contador público autorizado quede involucrada en el torbellino de este escenario.

1. El artículo 17 indica que la Comisión Supervisora (CS) es un órgano representativo de la sociedad civil; el artículo 18 se refiere a que las sesiones de la CS y sus integrantes tendrán derecho a una compensación, y el artículo 19, se refiere a que la integración de la CS quedaría conformada por: el presidente del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados o quien este designe; el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada o quien este designe; el presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá o quien este designe; el presidente del Colegio de Economistas de Panamá o quien este designe, y un representante del Consejo Ecuménico de Panamá.

2. El punto 3 del artículo 19 dice así: “El presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá o quien este designe”. Las firmas de auditores que representan firmas extranjeras son las beneficiarias de los contratos para realizar la auditoría de los estados financieros de la mayoría de los bancos, e incluye el Fondo de Ahorro de Panamá; esto ocasiona un tremendo conflicto de intereses, que imposibilita al mencionado Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá (CCPAP) a formar parte de la Comisión Revisora referida. La auditoría del FAP y del Banco Nacional de Panamá (BNP), es realizada actualmente por miembros del CCPAP y, a su vez, son socios de la firma que audita los estados financieros del FAP y del BNP. Como corolario, los miembros que pertenecen a esta comisión reciben compensación del FAP, por lo que son funcionarios, tanto el presidente del CCPAP, como al que este organismo designe en su reemplazo.

3. La comisión es supuestamente un “órgano representativo de la sociedad civil de Panamá”; sin embargo, el hecho de que el CCPAP, asociación conformada por una cantidad minúscula de miembros activos, en relación con los 25 mil contadores públicos panameños que existen en nuestro país, así como también la penosa realidad de que dicho Colegio de Contadores no se caracteriza precisamente por estudiar los problemas del país y, mucho menos por defender el interés nacional y gremial de los contadores públicos panameños. El CCPAP es un organismo que representa, como una de las otras tres asociaciones, la profesión de contabilidad, que se rige por una ley y por un Código de Ética, que contempla temas inherentes a la profesión del CPA, que incluye asuntos tan relevantes como el conflicto de intereses e independencia. En nuestra opinión, toda esta realidad descarta al CCPAP, para representar a la sociedad civil, o al interés nacional en la CS del FAP.

4. Para contar con la indispensable independencia en la Comisión Revisora, el Colegio de Contadores debe excluirse de la misma. Además, como ya mencioné, el Código legal de Ética Profesional, que rige a los contadores públicos panameños, impiden al CCPAP y, por ende, a sus miembros, integrar dicha Comisión Revisora. Ninguno de los otros miembros de la Comisión, hace evidente un conflicto de intereses.

5. A mi juicio, los actos que se desarrollan en nuestro medio dan lugar a que por cualquier evento nos incluyan en publicaciones, como el semanario británico The Economist, a través de un informe de su Unidad de Inteligencia (IU), para poner la mirada en la situación que en todos los aspectos vive Panamá, y advierte que se necesita restaurar rápidamente la confianza pública en la administración.

6. En este caso del FAP, que es algo muy sensitivo, donde no se tiene confianza en el uso de los dineros que irresponsablemente las instituciones crediticias nos facilitan por medio de préstamos a diestra y siniestra; y se tienen todas las miradas puestas en su comportamiento. De igual forma, con todo lo que ha circulado sobre corrupción por la Covid-19, creemos que el CCPAP, de pertenecer a la Comisión Supervisora, hay un intríngulis de que una misma firma de auditores sea el auditor tanto del FAP como del BNP y habría que evaluar los efectos de sentido común y de ética profesional, según el Código de Ética legal del CPA y qué repercusión tiene este asunto con la Superintendencia de Bancos.

El autor es Contador Público Autorizado y abogado

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