Diversas voces han interpelado el papel esencial que juega la revocatoria de mandato, en la conducción de la mala actuación política e ilegitimidad democrática de una autoridad electa. Dichas acotaciones responden al turbulento contexto político nacional, expresado en diferentes pugnas partidistas y una serie de iniciativas ciudadanas que cada vez se empoderan más contra el statu quo.
El proceso revocatorio contra el alcalde capitalino ejemplifica con amplia verosimilitud, el descontento de los contribuyentes de la ciudad de Panamá, y cómo estos encabezan un proceso histórico sin precedentes. El martes 22 de febrero de 2022, se presentó el memorial para solicitar el visto bueno de los Magistrados del Tribunal Electoral (TE) en favor del mecanismo constitucional.
La actual gestión alcaldicia se ha caracterizado por una serie de conductas antidemocráticas que han empañado el poco o nulo trabajo realizado. En dos años y medio de gestión algunos de los escándalos más destacados son el manejo caprichoso e incoherente de los fondos públicos, la falta de transparencia, el intento de construcción de infraestructuras públicas megalómanas, millonarias e inconsistentes con la situación económica del país, como el proyecto de la playa en la bahía de Panamá y el nuevo mercado de mariscos, y el distanciamiento oficial del municipio contra los capitalinos, contexto que creó las condiciones para un rechazo generalizado y una condena masiva a cada acción que emana del Edificio Hatillo, con lo que el Tribunal Electoral finalmente admitió la iniciativa ciudadana el 7 de marzo de 2022.
La remoción política, reglamentada por el Decreto 49 del 24 de noviembre de 2020, es un procedimiento democrático que responde contundentemente a los intereses e instrucciones del pueblo, podemos elaborar conjeturas sobre la intención del Constituyente, quién probablemente absorbió las mejores prácticas institucionales y entendió la base sobre la que se fundamenta el clamor popular.
En ese sentido, ningún panameño en general y, capitalino, en particular, debe renunciar a su Derecho Constitucional inalienable e irrenunciable de despedir a sus representantes, porque no se puede entender la Democracia, si no definimos hasta dónde llega la acción e influencia estatal, y reconocemos la supremacía inconmensurable del ciudadano y ciudadana en el contexto de un contrato social contemporáneo.
Finalmente, la trazabilidad sostenida y progresiva del gobierno municipal nos permitió grandes cuestionamientos a las autoridades locales, en la coyuntura de sus ingresos mensuales, la contención de posibles conatos de corrupción y la organización para llevar adelante procesos en contra de los malos funcionarios.
El autor es amigo de la Fundación Libertad
