La palabra “empapelar” tiene en español dos significados muy distintos. El más común es revestir o cubrir de géneros o papeles algún objeto. Sinónimos: tapizar o recubrir. Pero empapelar también significa procesar, encausar incluso enjuiciar a personas o entes. Hoy, ambas acepciones nos perjudican inmensamente.
Los mal llamados Panama Papers, en buena medida producto de nuestra resistencia a anticipar cambios globales, causan al país un empapelamiento jurídico y político de mucho cuidado en nuestra economía de servicios. Nos toca resolver con imaginación y pragmatismo salvaguardando los intereses nacionales.
En servicios internacionales, la viabilidad de la actividad pasa por cumplir con normas fiscales y financieras, que imponen los que nos empapelan. Pero para mantener el negocio rentable debemos reinventar estructuras fiscales y financieras que le añadan valor al cliente como han hecho otras jurisdicciones similares. Además, debemos hacer más eficiente, moderno y creíble los sistemas de registro y fe pública, desde naves a registros documentales. Todo lo anterior requiere un clima jurídico efectivo, pero flexible y moderno, no solo es dinamizar el aparato regulatorio administrativo sino nuestras instituciones de ley y justicia para dar confianza y credibilidad, ya no hay valor en la oscuridad societaria, pero tampoco en la oscuridad regulatoria.
Desgraciadamente, la posibilidad de reinventarnos se enfrenta con la otra definición de empapelar. El “empapelamiento” de adentro, la malsana y paralizante práctica de intervención y control en casi todas las esferas de autoridad estatal y que existe desde siempre. Nos hemos dedicado a tapizar el país de permisos, trámites y formularios inútiles que ralentizan e impiden la iniciativa de los ciudadanos y, por consiguiente, el cambio creativo.
Este empapelamiento burocrático es producto de la incompetencia gubernamental por insuficientes presupuestos, amiguismo y la falta de efectividad en la gestión, entre otros. Pero también de la afincada creencia de que el ciudadano siempre actúa para jorobar al Estado. Esta presunción de mala fe es una actitud tercermundista, nociva al desarrollo pero muy cómoda para justificar la autoridad del gobierno.
Una variante de esa histeria es el “gringuerismo”, la irrespetuosa presunción de que todos conspiramos contra los gringos (o europeos). Los gobiernos “más gringos que los gringos” nos limitan y restringen más que en Estados Unidos (EU) o Europa. Basta solo tratar de pasar un retén de seguridad en un aeropuerto local o abrir una cuenta de banco y compararlo con Miami o Londres. El círculo vicioso entonces es: la incompetencia produce incumplimiento, la politiquería la falta de rendición de cuentas y la mala fe la noción de que ahuyentar es mejor que satisfacer. La salida es siempre inventar nuevos trámites y requisitos. El resultado es al revés, una burocracia incompetente que no puede fiscalizar lo existente, menos podrá fiscalizar más y así, otra vez, nuevos requisitos. Ejemplos sobran.
La situación ha sido documentada en el Índice de Estado de Derecho (http://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index). En el reporte de 2015 en lo que respecta a “regulatory enforcement”, Panamá obtuvo un índice general de .53 sobre 1. En regulación efectiva, ausencia de demoras injustificadas y respeto por el debido proceso, acusábamos índices de .52, .45 y .43. Muy lejos de lo aceptable. En cuanto a la ausencia de corrupción tenemos calificaciones bajísimas, para los poderes Judicial y Legislativo. En lo que se refiere a la limitación de poderes gubernamentales somos el país 57 de 107. Mucho poder, poca transparencia y poca eficacia.
Antes que la coyuntura externa arrastre la interna, debemos dar un vuelco a nuestra situación regulatoria e instituciones. La falsa disyuntiva es seguir cumpliendo a medias y sometiendo a los sectores regulados a costosas e inconsistentes normas en un entorno débil y corrupto, mientras que los competidores nos quitan negocio. O mejorar la calidad de nuestro entramado regulatorio, reducir la discrecionalidad de los funcionarios, reducir las barreras de competencia sin sacrificar reglas prudenciales, y promover mecanismos de autorregulación. En otras palabras, menos normas mejor puntería.
El “desempapelamiento” externo nos debe llevar a reformas integrales. ¿O es que vamos a tener dos sistemas judiciales, dos registros públicos o dos administraciones tributarias? La globalización ha hecho obsoleta la economía de enclaves y solo sobreviven los que crean un sistema de instituciones efectivas y creíbles, soberanos pero integrales. La vereda pasa por excelencia estatal y un sistema de justicia que pasa la vara rasa a todos. Reglas flexibles de aplicación clara y no reglas opacas de aplicación oscura.
Parece un chiste, pero, el empapelamiento solo se resolverá si desarrollamos credibilidad, y esta se obtiene a través de consistencia entre lo que decimos y lo que podemos hacer. ¡O nos desempapelamos o languidecemos! A pesar de nuestra tradición de incompetencia, exagerada burocracia y la histórica genuflexión ante las exigencias foráneas, creo que podremos rescatarnos con beneficios para todos. A este gobierno le ha caído la pelota y tiene la oportunidad de relanzar al país. Manos a la obra.
