Según el Diccionario de la Real Academia Española, un engendro es una criatura informe que nace sin la proporción debida; o un plan, designio u obra mal concebidos, o un ente avieso, mal inclinado y de índole perversa. Esta definición deja en claro la naturaleza de la infame Ley 30 (9 en 1, chorizo).
El Presidente cree que puede hacer lo que se le ocurra, obnubilado por el poder que ejerce sin medida, balance, contrapesos ni controles, pues las instituciones que deben garantizarlos (Corte Suprema de Justicia, Asamblea Nacional, Ministerio Público, Fiscalía Electoral) han sido puestas a su servicio incondicional, mediante maniobras oscuras.
Martinelli y la mayoría del Gabinete, salvo Papadimitriu, no reconocen que la causa del levantamiento popular de Bocas del Toro es la nefasta ley, por la forma arbitraria, ilegal e inconstitucional en que fue propuesta, aprobada y sancionada y el comportamiento prepotente, violento e irrespetuoso de los funcionarios contra indígenas, sindicalistas y los que nos oponemos al engendro.
El colmo es pedir disculpas en Bocas “por si hubo atropello” o por “si se nos fue la mano en pollo”. Esto denota o un cinismo imperdonable o una candidez rayana en la oligofrenia. ¿Cómo dudar si hubo atropello después del número de muertos, heridos, lisiados y encarcelados? ¿Cómo puede decir “se nos fue la mano en pollo” sin ruborizarse?
Todo lo hicieron mal: un ministro presenta el anteproyecto como si sólo tratara de aviación comercial; los diputados lo aprueban en pocas horas, haciéndose cómplices del Ejecutivo al permitir que se viole la Constitución y la ley, por consentir cambios a los códigos mediante procedimiento indebido y que una sola comisión, la de Transporte, trate temas que no le competen y para los cuales la Asamblea no fue convocada.
Aprobaron una ley infame, ejecutaron la represión brutal del “sábado sangriento”; un coro de ministros, con Lucinda a la cabeza, y otros funcionarios endosaron culpabilidades a otros; maltrataron de palabra a una población que reclamaba sus derechos tildándolos de ignorantes, borrachos y drogados pagados por el PRD, mientras Martinelli declaraba que no derogaría la ley, exacerbando los ánimos; intervinieron emisoras y programas; intimidaron a los medios; limitaron el movimiento a periodistas; ocultaron la cantidad de muertos y heridos y en qué circunstancias se dieron… y todavía se preguntan ¿quién tiene la culpa?
No se necesita una comisión para conocer las razones de los “disturbios” en Bocas, se requiere una comisión independiente que ratifique que el Ejecutivo y los diputados que aprobaron la ley son los responsables y que investigue por qué el exceso de fuerza represiva, la forma ilegal en que se forjó la ley y las oscuras intenciones detrás de su aprobación, como la liquidación del sindicalismo, la depredación ambiental y la impunidad para la policía.
Para que haya paz, para reivindicar a los caídos, deben derogar la Ley 30 totalmente y la Ley 14 (carcelazo).
Al final, no sé… Me asalta la duda de que el engendro no es solamente la Ley 30; tal vez sea el gobierno en su totalidad. Ojalá esté equivocado.
