El presidente Álvaro Uribe, el máximo aliado de Estados Unidos (EU) en América Latina, está enredado en un escándalo a causa de una creciente evidencia que apunta a que su principal hombre en la dependencia de inteligencia llevó a cabo una extensa operaciónilegal de espionaje, centrada en sus principales detractores, incluidos integrantes de laSuprema Corte, políticos de la oposición, trabajadores de los derechos humanos y periodistas.
Este escándalo, que se ha desarrollado a lo largo de varios meses, se intensificó en semanas recientes con la revelación de una interceptación de audio de un prominente oficial de laEmbajada de EU. Semana, respetada revisa noticiosa, obtuvo una interceptación de una conversación rutinaria de teléfono entre James Faulkner, el agregado legal de la embajada, y un magistrado de la Suprema Corte que investigaba nexos de partidarios políticos de Uribe con escuadrones paramilitares de la muerte.
Otras grabaciones obtenidas en investigaciones periodísticas y de fiscales destacan persistentes esfuerzos de espionaje a lo largo de los años en contra de los principales detractores de Uribe por parte del Departamento de Seguridad Administrativa (DAS), vasta dependencia de inteligencia con 6 mil 500 empleados, posiblemente la mayor de Sudamérica, que opera bajo la autoridad de la oficina del Presidente.
La DAS ha sido el centro de acusaciones de espionaje ilegal en el pasado. Sin embargo, este caso está sembrando el temor entre detractores de Uribe en la elite política, llegando al tiempo que el Presidente, conservador populista, pugna por seguir con un proyecto para asegurar un tercer mandato.
Si bien Uribe está aislado ideológicamente en un continente que ha girado a la izquierda, está siguiendo el ejemplo de vecinos que han modificado sus constituciones para seguir al frente de la Presidencia, como el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y el de Ecuador, Rafael Correa. “Uribe está debilitando seriamente la democracia de Colombia”, dijo Ramiro Bejarano, abogado y líder opositor que fue director de DAS en los años 90.
Las acusaciones en contra del primer director de DAS bajo Uribe, Jorge Noguera, son las más serias. Se le acusa de organizar los asesinatos de tres activistas de sindicatos y del sociólogo Alfredo Correa D’Andreis. Estos cargos se fundamentan en informes en el sentido que DAS, bajo el liderazgo de Noguera, les dio a líderes paramilitares sus nombres en una lista de asesinatos.
Noguera renunció en 2005, cuando Uribe lo nombró cónsul en Milán. Desde entonces, Noguera ya dejó esa posición, y el Gobierno se ha distanciado de él. Sin embargo, todos los sucesores de Noguera, incluido el actual director, Felipe Muñoz, están bajo escrutinio a causa de informes de irregularidades, notablemente intervenciones telefónicas, que son ilegales en Colombia sin una orden judicial.
Para EU, que trabaja estrechamente con DAS en muchos temas relacionados con recabar datos de inteligencia, el escándalo complica sus cálidas relaciones con el gobierno de Uribe, depositario de más de 5 mil millones de dólares en ayuda de seguridad proveniente de Washington en esta década.
Ian C. Kelly, uno de los portavoces del Departamento de Estado, dijo que las acusaciones de intervenciones telefónicas de tipo ilegal eran “inquietantes e inaceptables”. Pero, agregó que el registro de Colombia en los derechos humanos era suficientemente satisfactorio para cumplir con las normas que le permiten al gobierno de Uribe recibir la ayuda militar incluida en la ayuda estadounidense por 545 millones de dólares que Colombia tenía programado recibir este año.