En pocos días se escogerá a los futuros magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ese será un momento propicio para cambiar la deteriorada imagen de la justicia panameña.
Según las reformas constitucionales del año 2004, en el artículo 203 se menciona lo siguiente: "No podrá ser nombrado magistrado de la Corte Suprema de Justicia quien esté ejerciendo o haya ejercido el cargo de diputado o suplente durante el periodo constitucional en curso, o quien haya ejercido cargos de mando y jurisdicción en el Órgano Ejecutivo durante el periodo constitucional vigente".
Nuestra Constitución también menciona que es la Asamblea Nacional, dentro de sus funciones administrativas, la encargada de aprobar los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema, según el artículo 161, acápite 4.
La Carta Magna contempla buenas disposiciones jurídicas relacionadas a la escogencia de los magistrados. Cuando realizamos una comparación entre nuestra Constitución y la de Costa Rica, vemos que el método para designar a los magistrados es casi idéntico, la diferencia estriba en que nuestros vecinos eligen a personas alejadas de la política y nosotros no.
En el año 2005, el Consejo de Gabinete bajo la resolución 91, de 23 de noviembre de 2005, insertó la modalidad de las listas de escogencia de magistrados; pero al final se designó a figuras que tenían una gran trascendencia política.
Pareciera que no entendemos que la separación de los poderes tiene una razón de ser, ampliamente analizada por Montesquieu en el Espíritu de las Leyes.
Soy de la convicción de que los abogados que tendrán en sus manos la administración de justicia panameña, deben ser personas alejadas por completo de la política. Debemos comprender que las decisiones del magistrado o del juez deben estar apartadas de las influencias o presiones, para que puedan fallar de acuerdo a la Constitución y a la ley, que es precisamente el juramento que realizan a la hora de tomar la posesión del cargo.
El próximo 31 de diciembre tendremos la gran oportunidad de elegir a personas que cumplan con los requisitos constitucionales y legales, pero además que posean gran solvencia moral y, sobre todo, que estén alejadas de la política partidista.
En nuestro país hay muchos juristas que cumplen con el perfil para ocupar la magistratura, por eso reitero que estamos a tiempo de hacer una profunda transformación de nuestro sistema de justicia.