Como es usual presumir, la Asamblea Nacional, siempre dispuesta a complacer en lo que convenga a sus exagerados gastos y planillas, acaba de aprobar con rapidez dos nuevas leyes de trascendencia para una nación cada día más desempleada, más endeudada y más hambrienta.
Ambas - la ley que adopta el Presupuesto General del Estado de 2021, y la última, la enésima, modificación a la inanimada Ley de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF) de 2008 - sirven poco más que de herramientas a los propios diputados, entre otros tantos funcionarios, para despilfarrar a su criterio los menguantes recursos públicos, en momentos en que la carestía y la incertidumbre causan estragos en un alto porcentaje de la población panameña.
Sobre la segunda ley, la LRSF, ya nada causa sorpresa. Desde su aprobación original en 2008, ningún gobierno ha cumplido con sus topes de déficit fiscal. Cada uno los interpreta y eleva a conveniencia; algunos, como el gobierno actual, los ha aumentado hasta dos veces dentro de su periodo. Del empobrecido concepto de “Responsabilidad Social Fiscal” queda la triste enseñanza de que no existe un gobierno panameño que sea fiscalmente disciplinado y responsable.
En la Asamblea, tan grande fue el interés de los diputados en analizar la difícil realidad económica y financiera del Panamá de hoy, que los debates de ambas leyes se realizaron en el pleno legislativo en tan solo un día cada uno. Por su silencio cómplice brillaron los diputados “opositores”, mientras que tres de los diputados independientes -Gabriel Silva, Juan Diego Vásquez y Edison Broce- tuvieron el carácter suficiente para votar en contra de un presupuesto mal formulado y que desvergonzadamente da la espalda a la preocupante realidad nacional.
A pesar de las normas de contabilidad aplicables y de la nueva realidad de las finanzas del Estado, el Presupuesto 2021 fue votado con un ilógico aumento cercano a los $800 millones con respecto del Presupuesto 2020. En él se calcula un “crecimiento” del PIB para el próximo año de 4%, mientras se pretende ignorar que al finalizar 2020 el PIB panameño habrá caído de manera estrepitosa en no menos de un 10%.
Ignoradas también quedaron la moderación y la transparencia, al mantenerse los renglones de gastos de representación, dietas, gastos de viajes, salarios y planillas. La inversión pública quedó relegada. Hasta la propuesta presidencial de rebajar, al menos, los más altos salarios en el Estado quedó de nuevo engavetada y burlada en la misma cara del señor Presidente.
Y si el Presupuesto General del Estado hace aguas por todos lados, el Presupuesto 2021 de la Autoridad del Canal de Panamá, votado por la Asamblea el mes pasado, hundiría a cualquier barco. Con ligeras modificaciones, reproduce al de 2020, sin considerar ninguna reducción profunda en sus elevados niveles de gasto, incluyendo a sus notorios gastos de representación.
Estas aprobaciones legislativas se han llevado a cabo ante la mirada impávida de gremios empresariales y sindicales que, sin embargo, no pierden oportunidad para señalar la falta de planes concretos que ayuden a la nación panameña a salir mejor de una crisis que, antes de solucionarse, irá empeorando hasta tocar fondo. Pero todavía esos gremios están por opinar sobre el contenido de este Presupuesto 2021. Para cuando se lamenten, será ley de la República.
El Día de Año Nuevo 2021 nos espera con una corrupción rampante, un desempleo y cierre de empresas a niveles récord, un saldo de deuda pública cercano a los $40 mil millones, un déficit fiscal anual no menor del 10%, una deuda pendiente con proveedores mayor de $700 millones, una relación deuda/PIB del 60% y un déficit creciente del Programa IVM de la CSS de $900 millones, entre otros problemas financieros de la Caja. Y ante todo ello lo único que a los diputados se les ocurre aprobar es un Presupuesto 2021 carente de iniciativas y soluciones, adoptado frente a una situación económica imaginaria, uno apenas mal calcado y mal repetido del año anterior.
El autor es abogado y doctor en Derecho Internacional.