No es un secreto que en 1994, cuando el PRD recobró el poder que había ejercido hasta 1989, en contubernio con los cuarteles, se lanzó como endemoniado a privatizar las empresas públicas.
Con el cuento de que serían más eficientes y los usuarios recibiríamos servicios más baratos y mejores, vendieron el servicio de telefonía, altamente rentable para el Estado, que prestaba el Intel y el servicio de energía eléctrica, que proveía el Irhe. Además, dieron en concesión la construcción de los corredores Sur y Norte y la autopista Panamá-Colón. El Idaan, el Seguro Social y la Caja de Ahorros se salvaron, porque los pillamos a tiempo.
Las privatizaciones fueron un pésimo negocio y un rotundo fracaso. Cable & Wireless se ha hinchado haciendo plata a costilla de los usuarios (en un solo año recuperaron lo que pagaron para hacerse con el negocio); ahora pagamos la electricidad más cara del mundo; el Corredor Norte se quedó a menos de medio palo y la autopista sigue siendo un sueño. Y por el Corredor Sur, a cambio de unos cuantos kilómetros de un trabajo chapucero y mal hecho, pagamos, proporcionalmente, las tarifas más altas del mundo y entregamos la mina de oro que eran las tierras de Paitilla. ¡Qué viva "la patria vieja"!
Ahora, en los tiempos de "la patria nueva" ya están montando la trapisonda para vender otros bienes del Estado, que nos pertenecen a todos y no a los gobernantes, porque fueron adquiridos con dineros públicos. En su reinado anterior, negaban ofendidos lo que estaban tramando, mientras a espaldas del pueblo pactaban las privatizaciones. Con "la patria nueva", han vuelto a las andadas; pero, al igual que hicieron antes, jurarán y perjurarán que son los santos inocentes.
Con lo que llevamos visto de "la patria nueva": "Un gobierno insaciable, desordenado y dilapidador, un chupa sangre de la peor especie", como certeramente lo describió un editorial de (un diario local) (El anamá América), el pasado 8 de noviembre, debemos declarar alerta máxima. Si nos descuidamos nos dejarán en cueros, literal y materialmente hablando. Pero no basta con protestar; hay que tomar medidas drásticas para evitar que vuelvan a consumar la fechoría. Es urgente adoptar normas legales que se lo impidan.
Cuando el PRD era oposición, pero controlaba la Asamblea Legislativa, aprobó una ley que fijó el 2% del producto interno bruto, como tope para el déficit fiscal; pero cuando volvió a asumir el poder, inmediatamente, porque le estorbaba, eliminó esa barrera para poder seguir contrayendo nuevas deudas. Y en los dos años que lleva gobernando, "la patria nueva" ha contratado deuda pública por 3 mil millones de dólares. Ello sin contar los arreglos para postergar pagos vencidos o por vencerse.
Mediante una ley general o ley marco, debe prohibirse al gobierno de turno, y a cualquier otro, vender o privatizar bienes patrimoniales y empresas del Estado, a menos que otra ley, específica para cada caso, debidamente divulgada y discutida, expresamente lo autorice. Es obvio que el gobierno de "la patria nueva", contando con su obsecuente bancada para boicotearla, se opondrá; pero si actuamos con decisión podemos imponérsela. ¿Cómo hacerlo? En primer lugar, debemos crear un Frente Nacional contra las Privatizaciones; en segundo lugar, impulsar un proyecto de ley que nos prevenga de los desmanes que proyecta "la patria nueva"; y, en tercer lugar, emplazar públicamente a los diputados panameñistas, del Molirena, de Vanguardia Moral (ex solidarios) para que lo presenten y lo divulguen a lo largo y ancho del país. Simultáneamente, debemos exigirle al gobierno del señor Torrijos que deje de andarse por las ramas y le diga al país: 1) ¿Cuáles son los compromisos o las negociaciones que su gobierno adelanta con las instituciones financieras internacionales? 2) ¿Si su gobierno proyecta privatizar otros bienes y servicios públicos o vender bienes patrimoniales del Estados, y cuáles son? 3) ¿Por qué su gobierno sigue contrayendo nuevas obligaciones y extendiendo los plazos para los pagos de la deuda pública?
Las llamadas "Cartas de Intención", describen las políticas públicas que aplicarán los gobiernos que las entregan al Banco Mundial y a las otras instituciones financieras internacionales; en ellas se consignan las medidas y las acciones económicas y sociales que esos gobiernos proyectan aplicar y la manera como pretenden financiarlas. Son una justificación anticipada para sustentar las solicitudes de créditos, en forma de préstamos. En esencia, son un plan de desarrollo nacional. Entonces, cabe preguntar, ¿Es o no es una burla del actual gobierno que, mientras éste alarga, con la complicidad del PNUD la elaboración de un supuesto plan nacional de desarrollo, por el otro lado, esté haciendo compromisos y prometiendo la ejecución de acciones y medidas que constituirían el contenido esencial de ese plan?
Y también, cabe preguntar: ¿Y los dirigentes políticos, gremiales, cívicos, profesionales y obreros, qué esperan para reaccionar frente a esta nueva burla de "la patria nueva"?
