Se acaba otro año y se diluyen otras esperanzas. El año que termina, 2021, fue también un año en que fuimos de más a menos, y el anterior igual, aunque con más esperanzas que los dos últimos. 2019 fue el de las últimas elecciones y aún no había enfermedades pandémicas; de lo que sí veníamos sufriendo era de debilidad en las instituciones democráticas, políticas y morales de la República y, claro, como la nave tenía sus debilidades, el impacto del virus ha evidenciado más las fallas de que adolecemos.
Así, la delincuencia florece y prolifera, tanto la que roba gallinas como la que se apropia de licitaciones, de premios de lotería, de asignaciones y partidas presupuestarias, de subsidios electorales; tanto la que mata iguanas como la común que mata para robar, por machismo o por placer, y la organizada que asesina para traficar, para encubrir o por sicariato; tanto la que devenga ingresos sin trabajo, bonos selectivos y comisiones injustificadas, como la que devenga comisiones por nombramientos en cargos públicos donde no se trabaja y se aumenta la ineficiencia de la burocracia que asfixia la producción y el emprendimiento.
La justicia no sólo está ciega, luce tullida, sin balanza y sin espada. Las formalidades en los procedimientos legales, lejos de asemejarse a las nubes que propician la lluvia que hace florecer la tierra, se han convertido en un manto que no permite ver nuestro cielo azul y limpio, ni las estrellas del firmamento y que exhiben nuestra escudo y nuestra bandera.
La educación tiene dos años de estar de vacaciones y los pervertidos no han dejado de ensuciar la inocencia de los niños, con fiscales y jueces que en apariencia laboran y en realidad encubren.
El máximo órgano de representación popular, la Asamblea Nacional, no representa genuinamente los intereses del pueblo, sino los propios, para lo cual se hace dar dineros del Estado que a su vez distribuye entre ciudadanos cuyas simpatías pretende comprar de ese modo, en favor de sus diputados, con la excepción de los muy pocos dignos y verdaderos demócratas que la integran sin pedir para comprar votos.
La Contraloría General, máxima institución cuya razón de ser es velar porque la administración de los bienes y recursos del Estado lo sea según lo establecido en las leyes, dista de satisfacer las expectativas de los ciudadanos, incluso en temas estadísticos de la Nación y de informes inherentes a las cuentas nacionales.
El Ministerio Público amaga, como sintiendo que la ciudadanía reclama reciedumbre y vigor contra la delincuencia, pero es sólo eso, un amagar vacilante y sin contenido.
Los gobiernos locales promueven la descentralización con cara de codicia, la fuerza pública abusa, el organismo electoral demanda lo que no reclamó con energía en su momento y continúa aupando la ambición de los partidos políticos en el manejo de los subsidios electorales.
La frustración no acaba y no son las leyes que tenemos, ni las que nos faltan lo que la agiganta; son las autoridades ajenas a su rol de trabajar en función del bien común, tengan leyes buenas o leyes malas.
A principios de 2021 había dos iniciativas importantes y prometedoras: la posible convocatoria a una constituyente y el diagnóstico que debía surgir del Diálogo del Bicentenario, que necesariamente plantearía cambios sustanciales a la Constitución, pero la primera ha quedado trunca por falta de firmas y la segunda se ha desbordado por tantas aspiraciones de nuestro pueblo y en esta procesión de todo o nada, estamos atascados sin justicia, sin instituciones, con una democracia enferma, con una arquitectura política desgastada, un parlamento invadido de codicia y ambiciones de poder, un Órgano Ejecutivo reumático en un ambiente de humedad de pandemia, una fuerza pública indolente pero autoritaria, una Contraloría que se contenta con las apariencias y un funcionariado más parecido al comején que a laboriosas hormigas.
Qué lejos estamos de un Estado óptimo de oportunidades y beneficios para todos.
Tenemos viejas expectativas y una nueva parálisis. Hago votos porque el 2022 nos traiga el equipaje del despertar.
El autor es abogado
