Cuando los panameños logramos deshacernos de la dictadura militar de Torrijos y Noriega y constituimos el gobierno democrático, presidido por Guillermo Endara, entre los múltiples problemas nos encontramos con el caso de las “deudas de vigencias expiradas”, que al inicio mostraban un saldo de 160 millones a 180 millones de dólares. De inmediato, en la Contraloría General de la República, bajo mi dirección y la inmediata responsabilidad de José Chen Barría, subcontralor general, acordamos un proceso para resolver el problema.
A continuación presentamos un documento sobre el tema que a solicitud mía ha preparado mi amigo y colaborador José Chen Barría, quien con acierto y pulcritud estuvo a cargo de proyecto de “las cuentas de vigencias expiradas 1990 – heredadas de la dictadura”.
Sobre e manejo que le dimos a las cuentas de vigencias expiradas al inicio del gobierno del presidente Endara, podemos decir que:
Cuando se inició el gobierno del presidente Endara, se encontraron sumas millonarias de cuentas por pagar, recordarán los descuentos directivos que se le hicieron a los funcionarios por deudas en bancos, financieras, comercios, viviendas, etc. Estas deudas se cancelaron inmediatamente para reactivar la economía y devolver la confianza al sector privado.
Nos encontramos aproximadamente entre 160 millones a 180 millones de dólares de deudas de vigencia expirada por suministros de equipo, materiales y suministros al Gobierno, así como contratos de obras, reparaciones de escuelas y otros servicios. Estas deudas no se cancelaron inmediatamente.
Iniciamos un proceso de verificación de dichas deudas, para determinar: su legalidad, si habían cumplido con los compromisos establecidos por las leyes. Si habían sido previamente registradas. Si tenían partidas presupuestarias aprobadas. Si los bienes y servicios habían sido recibidos a satisfacción por el Estado. Si las personas que habían autorizado y aprobado estas facturas habían sido autorizadas para esto.
Después de estas verificaciones se logró determinar que cerca de 80 millones de dólares eran cuentas que no procedían su reconocimiento y pago, por lo cual no se procedió a su respectivo desembolso.
Las razones de esta anulación fueron entre otras las siguientes: había cuentas que no tenían contratos ni orden de compra. Se encontraron cuentas y facturas por trabajos no realizados. Mercancía que nunca se entregó. Existían facturas por alquiler de equipo y maquinarias que no existían ni realizaron trabajos al Estado.
Muchas cuentas no habían sido presentadas en debida forma. La mayoría de las cuentas no tenían su contrapartida presupuestaria, ni estaban contempladas en el presupuesto de esa época. Muchas cuentas no habían sido autorizadas por los funcionarios legalmente responsables.
Otras cuentas no habían sido registradas en las instituciones ni conocían de su existencia.
Se pueden mencionarse otras circunstancias, pero el hecho fue que todas las cuentas de vigencia expirada que no cumplían con los requisitos legales, fueron rechazadas y algunos suplidores tuvieron que comprobar la legalidad de las mismas.
El mecanismo de pago para las cuentas que se consideraron legales y aceptadas fue la emisión de “cheques fiscales”, a los cuales se reglamentó su uso y de esta forma se entregó liquidez a los acreedores del Estado, haciéndose realmente un intercambio de deuda por deuda.
El gobierno actual puede utilizar el mismo procedimiento para el reconocimiento de deudas de vigencia expirada y ofrecer a los acreedores “bonos del Estado” con vigencia de 5 a 10 años a una tasa de interés razonable, sin producir un gasto inmediato o flujo de dinero.