Con la liquidación de la jurisdicción militar, un sistema cerrado que ha avalado todos los crímenes de las dictaduras castrenses que han azotado el país a lo largo del siglo XX, Argentina ha dado un paso que debería ser tomado como ejemplo por muchos Estados latinoamericanos.
Los soldados argentinos serán a partir de ahora como cualquier otro ciudadano, con sus derechos y obligaciones. Y aunque dicho así parece sencillo, el cambio supone un hito en la historia de un país cuya última dictadura, la más sangrienta, dejó como herencia, entre otros muchos horrores, 30 mil desaparecidos.
La derogación del Código de Justicia Militar, además, acaba definitivamente con la pena de muerte en Argentina. No se aplicaba desde hace más de medio siglo, pero existía como figura penal en las leyes castrenses y podía por tanto ser invocada.
Desaparece también el delito de homosexualidad, una supresión de enorme valor simbólico en unas Fuerzas Armadas estrechamente vinculadas al catolicismo, y se incorporan al Código Penal ordinario figuras delictivas específicas, como el acoso sexual cometido contra inferiores.
El encaje de las Fuerzas Armadas en la sociedad civil argentina, la pérdida de su absoluta excepcionalidad, ha llevado un cuarto de siglo. Ha sido un proceso arduo y lleno de reveses para intentar conseguir que los militares, una casta con frecuencia todopoderosa en el país suramericano, sean parte, y no meros observadores, de este profundo cambio.
Fue finalmente el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner el que comenzó a cerrar esa etapa oscura, zanjando una división histórica entre ciudadanos de primera –los uniformados– y los demás. Bien que en volandas de una opinión pública que, como la argentina, se muestra unánime en la necesidad de hacer justicia a todos aquéllos que padecieron los excesos de los militares en el poder.
Con las Fuerzas Armadas ya en el siglo XXI desde el punto de vista jurídico, la presidenta Cristina Fernández, esposa de Kirchner y su álter ego político, tiene ante sí el reto formidable de acabar con otra profunda división: la de la enorme desigualdad social que padece Argentina. Probablemente no es tarea para una sola legislatura, pero es sin duda un supremo desafío. Y para éste no sirven herramientas retóricas y populistas.