En días pasados se informó de la escogencia del fiscalizador general de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Según la Ley Orgánica de la ACP, el fiscalizador general es “responsable por la realización y supervisión de auditorías e investigaciones relacionadas con la operación de la Autoridad. El fiscalizador general deberá promover la economía, eficiencia y efectividad en la administración, prevenir y detectar el fraude y el abuso de autoridad, así como recomendar las políticas destinadas a esos fines”.
Nos llamó la atención que dentro del perfil académico del fiscalizador, no se incluya que su posición debe reunir la de ser contador público autorizado (CPA). De acuerdo con la Ley 57, del 1 de septiembre de 1978, que regula la profesión del CPA, “son actos propios del ejercicio de la profesión del contador público autorizado todos aquellos servicios que den fe pública sobre la veracidad de la información relacionada con la función técnica de producir, de manera sistemática y estructural, información cuantitativa, en términos monetarios, de las transacciones económicas que realizan las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, y de los hechos económicos que las afectan y, de comunicar dicha información, con el objeto de facilitar a los diversos interesados la toma de decisiones de carácter financiero en relación con el desarrollo de sus actividades respectivas”.
Creemos que se trata de un problema más de nuestra profesión, y todos quisiéramos que hubiese mayor interés y participación por parte de los contadores públicos y sus organizaciones gremiales, así como de la ciudadanía en general, ya que el problema es de la Nación y afecta a todos los panameños.
El problema consiste en examinar a profundidad el cargo de fiscalizador de la ACP que encierra, principalmente, funciones propias de la profesión de contador público y, si así fuera, entonces estaríamos ante otro caso igual que el de la Contraloría. La ley permite nombrar sin ese requisito, pero nuestra profesión y la ciudadanía en general recomiendan y exigen que sean contadores públicos, porque son profesionales que, por naturaleza, son idóneos y competentes para esos puestos.
Una vez más, se trata de temas que no todos se atreven discutir internamente y, mucho menos públicamente. Yo pienso que, con la acostumbrada claridad, respeto e hidalguía que siempre el Movimiento de Contadores Públicos Independientes ha mantenido en todas sus actuaciones, en este caso tenemos una oportunidad de hacer docencia cívica y dejar constancia histórica para las presentes y futuras generaciones, que nosotros hicimos nuestro aporte.
En este sentido, lo más importante es exhortar para que la Constitución y las leyes, sean modificadas para que los puestos de nuestra profesión no sean usurpados por quienes no sean contadores públicos. Observemos que otras profesiones también reclaman, justamente, sus espacios legítimos y naturales que le son propios. Por ejemplo, hace meses un abogado demandó que era inconstitucional que un CPA se nombrara como magistrado del Tribunal Administrativo Tributario, porque según él esta función era exclusiva de un abogado.
Desde luego, en nuestra opinión, el caso del fiscalizador ahora es un tema con ribetes políticos, que inclusive se manifiesta en la noticia de la ACP cuando dice que el fiscalizador nunca ha pertenecido a un partido político. El fiscalizador anterior creemos que no pertenecía a ningún partido pero era un CPA, que provenía de The Panama Canal Commission (PCC), nombre anterior de la ACP.