La Ley 37 de Descentralización, aprobada en 2009, fue un avance en la agenda para desburocratizar el Estado y otorgarle mayor autonomía y capacidad de gestión a los municipios. Sin embargo, esta iniciativa, pronto se encontró con los voraces apetitos de una clase política deshonesta, mediocre e incompetente, que ha desvirtuado el espíritu de una norma que contribuiría con el progreso de los municipios y sus ciudadanos.
Por publicaciones periodísticas nos enteramos de que varios alcaldes y representantes de corregimiento han convertido la descentralización en una piñata para engrosar sus bolsillos, mediante una artimaña que denominaron “gastos de movilización”. Este descarado asalto al erario se ha venido ejecutando con la complicidad de las instancias responsables de fiscalizar el uso de los dineros públicos y la connivencia de altas instancias del gobierno nacional.
Luego del repudio general a la pillería de alcaldes y representantes, agravada por la patética y cínica defensa que hicieron los alcaldes de Colón y Panamá frente a los medios de comunicación, la Contraloría se vio obligada a ordenar la suspensión d el despilfarro, mientras “revisa” el pago, tanto de los gastos de representación como de movilización. El tiempo dirá si la medida busca poner un alto al abuso y deshonestidad de los funcionarios municipales o ha sido simplemente una cortina de humo mientras se aplaca el disgusto de los panameños.
El país cuenta con 81 alcaldías y 679 corregimientos, una división política desproporcionada que responde a criterios clientelistas y electoreros. Al crear una circunscripción política y territorial se debe tener como requisito sine qua non que esta pueda aportar los recursos mínimos para su funcionamiento, pero en Panamá muchos de los distritos y corregimientos existentes dependen del subsidio del gobierno central.
En cada legislatura, los diputados, presentan casi de forma compulsiva, proyectos de ley para la creación de nuevos e innecesarios corregimientos. Lo mismo ha pasado con la creación de distritos y hasta provincias, un ejercicio caótico de tercermundismo político, cuyo alto costo nos toca sostenerlo los contribuyentes. Excesos de una casta que se torna parasitaria y a lo que debemos ponerle coto.
Los municipios deben resolver las necesidades básicas de los ciudadanos y atender eficientemente a los contribuyentes, al tiempo que gestionan la construcción de obras para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Pero en Panamá, en su mayoría, son instituciones ineficientes en las que hacer uso de sus servicios, se asemeja a una experiencia kafkiana.
Como ciudadanos responsables, nos toca estar vigilantes para evitar que se sigan perpetrando estos exabruptos. Aprender la lección, y no repetir el error de escoger para cargos públicos o reelegir en 2024 a personas carentes de las competencias mínimas para gestionar una institución pública, y absolutamente huérfanos de decencia y honestidad.
El autor es comunicador social y expresidente del Colegio de Periodistas
