Si es verdad que la gente aprende de sus errores, antes de aprobar con su voto la propuesta para legalizar la venta y uso de la marihuana en noviembre, los votantes de California deberían estudiar con cuidado lo que ha sucedido en Los Ángeles desde el día en el que por decreto popular la marihuana se convirtió en medicina.
La charada empezó en 1996, cuando los cultivadores de marihuana del estado y los adictos a la droga y sus abogados redactaron una iniciativa de ley, disfrazada con el ropaje de la compasión, que de ser aprobada por los votantes permitiría la venta legal de la droga para usos medicinales.
La Proposición 215 fue aprobada por los votantes de la ciudad y de inmediato empezaron a surgir dispensarios por toda la ciudad. Las autoridades municipales nunca imaginaron el asombroso número de enfermos que vive en la ciudad. Tampoco previeron que como en los viejos mercados de pueblo, el pregón de los neo–merolicos prometería alivio inmediato a quienes sufren dolores de cabeza, problemas respiratorios, pérdida de peso inexplicable, alcoholismo, artritis, epilepsia, hepatitis, trastornos digestivos y muchos otros malestares con un cigarro de marihuana.
Y mientras el Concejo de la ciudad se tomaba años discutiendo cómo establecer controles para impedir que se establecieran en lugares cercanos a escuelas, parques públicos e iglesias, cientos de dispensarios se abrían por toda la ciudad, algunos de ellos con médicos de planta siempre dispuestos a encontrar la enfermedad adecuada para la cura.
A principios de este mes finalmente el Concejo reaccionó ordenando el cierre de 400 de los 600 dispensarios que operan en la ciudad. Muchos dueños de dispensarios han presentado demandas solicitando la anulación del cierre de sus negocios.
El cierre sucedió porque la gente que vive cerca de estos dispensarios empezó a quejarse ante las autoridades alegando que se han convertido en centros de atracción para viciosos, no para enfermos, que se drogan en la calle, se meten a robar en las casas y en los coches de los vecinos y crean un caos vehicular porque no respetan el reglamento de tránsito. También ha habido denuncias de venta de marihuana a menores de edad, y este es un asunto extremadamente grave pues al definir la marihuana como una medicina lo que se pretende es ocultar que la hierba es una sustancia dañina a la salud. El problema de fondo, sin embargo, es que el tema de la venta de marihuana con fines medicinales ha revelado las profundas inconsistencias de las políticas contra las drogas del gobierno federal.
Desde 1970, la marihuana está incluida en la lista de sustancias prohibidas y según el gobierno la marihuana no puede ser vendida ni con fines medicinales. Más aun, en una decisión histórica, la Suprema Corte falló que el Congreso tiene la facultad constitucional de prohibir la venta de marihuana aún en los casos en los que los ciudadanos hubiesen aprobado una proposición para permitirla su venta con fines medicinales.
Reforzando la política de la prohibición, el llamado zar de la política contra las drogas de la Casa Blanca, Gil Kerlikowske, no se cansa de repetir que la Presidencia se opone a la legalización de las drogas por razones supuestamente medicinales o por cualquier otra razón.
Al mismo tiempo, sin embargo, el procurador general de Justicia, Eric Holder ha dicho que el gobierno federal no procederá legalmente contra los dispensarios de marihuana con fines medicinales que han sido autorizados por leyes estatales, como es el caso de Los Ángeles, otras ciudades y varios estados, porque no tiene los recursos ni la voluntad para perseguir a quienes operan sus negocios con apego a leyes municipales o estatales.
Así las cosas, cuando vemos que regular, controlar y vigilar las actividades de unos cuantos dispensarios en la ciudad de los Ángeles rebasa la capacidad de las autoridades locales, estatales y federales ¿se imaginan lo que sucedería si este noviembre los votantes aprueban la iniciativa que permitiría la legalización de la marihuana en todo el estado de California?