El pueblo espera que el Ministerio de Ambiente emita una resolución para la cancelación de la hidroeléctrica Barriles, cuyo contrato no solo está caduco, sino que viola la Constitución y otras leyes, y atenta contra la seguridad hídrica y alimentaria.
Además, se espera, desde octubre de 2015, la cancelación de otras 20 hidroeléctricas que hace poco el señor presidente dijo que serían “eliminadas irrevocablemente”.
Por su parte, 70 mil bugabeños quieren que se desista del proyecto hidroeléctrico La Cuchilla, pues el derecho a uso doméstico del agua prima sobre el uso energético, y le exigen al Gobierno el celoso cumplimiento del artículo 16 de la Ley 35 de 1966. El Consejo de Gabinete debe llevar al corregimiento de Volcán las resoluciones y sugerir el cambio de ley del caudal ecológico. Su descabellada proporción: 90% de agua para los proyectos hídricos, y 10% para la gente y el ambiente, tiene que calificarse como “criminal”.
Las autoridades y los concesionarios aseveran que “las aguas retornan a las fuentes hídricas”, pero lo que no indican es que retornan aguas abajo, de forma turbinada y a muchísimos kilómetros de distancia. Es el caso del río Chiriquí Viejo, en el que desde Volcán hasta Paso Canoas, en una extensión de 54 kilómetros ininterrumpidos, se han aprobado 10 hidroeléctricas, una detrás de la otra.
Las repetidas acciones de la cúpula del Ministerio de Ambiente contra el pueblo –que sí defiende su ambiente– recuerdan las tácticas de la dictadura militar y nos decepcionan.
Las autoridades del ministerio –aunque no aprobaron las 73 hidroeléctricas en 6 de las 8 cuencas de la supuesta altiva provincia de Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé– tienen el deber moral y legal de revisar cada uno de los estudios de impacto ambiental de hidroeléctricas “en trámite y en diseño final”, y cancelarlas en un tiempo prudencial, ya que existe una moratoria vigente.
Justificadas son las quejas del indio y el grito de chombo en Incidente de cumbia de Demetrio Korsi, porque seguidamente de la presa de una hidroeléctrica hay un camino sobre las aguas del río Chiriquí Viejo, que es utilizado por los transeúntes indígenas y automóviles de la empresa, sin contemplar ninguna medida de seguridad. El colmo es que a nadie le importa con estas vidas humanas que merecen llegar al otro lado del río, sin temor a morir ahogados al ser arrastrados por las aguas que descargan las hidroeláctricas, cuando se cierran sus compuertas. Esto ya sucedió y cobró la vida de un indígena, pero nadie ha dicho esta boca es mía. Al contrario, se argumentó que él estaba borracho. ¿Significa, entonces, que deben morir todos los borrachos del país?
Apelamos al más alto sentido del deber y a la sensibilidad humana de los funcionarios para que nos garanticen una vida digna.
Ni diálogos ni mesas de trabajo han sido exitosos y es inaceptable que prosiga la construcción de estos proyectos, que violan a diestra y siniestra leyes nacionales y atentan contra nuestros derechos.
“El poder público emana solo del pueblo” y este pueblo dice: “¡No más hidroeléctricas!”.