Algunas naciones de Latinoamérica como México, Colombia, Venezuela, Guatemala y Argentina son evaluadas como muy peligrosas para los inversionistas de Europa y Norteamérica, lugares donde el secuestro express golpearía con facilidad a los familiares de los altos ejecutivos de las empresas transnacionales que se instalaran en sus territorios.
Esta modalidad de amenaza, surgida a finales de 1980 en ciudades del norte de México (Monterrey y Sonora), se identifica por su corta duración. No se trata de bandas delincuenciales con buena logística, sino de grupos sin mayor experiencia que incursionan en el delito con el fin de captar recursos en porciones inferiores a los 30 mil dólares estadounidenses, en la mayoría de las veces, obligando a sus víctimas a extraer el dinero de los cajeros automáticos, mientras son retenidos en sus propios vehículos. Es el mismo germen mutante que azota en Guatemala, El Salvador, Honduras y en casi todo el continente, sin que nuestra nación sea la excepción.
La delincuencia ha orientado su brújula en la región y las medidas de represión aplicadas por los gobiernos no la doblegan. Esta industria del crimen organizado –que causa mayores secuelas de terror a los ciudadanos de las naciones vecinas ubicadas en el triángulo norte de Centroamérica– obliga a construir ejércitos particulares, humilla a la justicia, contagia a los policías y militares, destruye familias y poblaciones, y pone de rodillas a la sociedad en general, a pesar de que se dedica más del 20% del ingreso nacional a la seguridad.
Nada justifica la acción de los captores o secuestradores que, sin la menor misericordia, asestan daños psicológicos y emocionales a sus víctimas y a sus familiares, quienes reciben el mensaje de “O pagan o ya saben lo que les pasará”, quedando con perturbaciones imborrables.
En Lima y Callao, en Perú, prolifera el sistema de cobros por extorsión por parte de las bandas de delincuentes que, “supuestamente”, garantizan la paz laboral en las empresas o la seguridad en las instalaciones. En el área específica de la construcción, ya los industriales tienen incorporado este tributo a los costos de la planilla, a pesar de que se ha capturado a más de 180 delincuentes dedicados a este menester.
En Haití han sido detenidos, por tropas de las Naciones Unidas destacadas allí, algunos miembros de la temida banda de los Chochonet, que tenían asolada esa nación del Caribe con su creciente ola de asesinatos y secuestros.
En Colombia incurren en el secuestro la guerrilla, grupos del ejército, paramilitares, narcotraficantes, mafiosos, y sicarios, entre otros. En tanto, la población emigra por millones a otros lugares. Nadie podrá compensar jamás, por ejemplo, la privación de la libertad de Ingrid Betancourt, durante todo el tiempo que ha estado secuestrada. ¡Nada justifica su secuestro!
Se calcula que 3 mil 200 paisas están en manos de sus captores, en un país de 44 millones de habitantes, productivos y creadores, pero a quienes les asusta aceptar las cifras de 2 mil y 3 mil secuestros por año. Muchos de los retenidos son vendidos a otras bandas de irregulares, quienes tienen las condiciones de territorio e infraestructuras para prolongar el cautiverio agónico de las víctimas.
En tanto, la piratería mundial que tiene dentro de sus objetivos alcanzar algún botín por el que se pague rescate de las naves y sus tripulaciones, se incrementa en el océano Índico, Yemen, el estrecho de Malaca, Indonesia, golfo de Guinea y últimamente en las costas de Perú y Guyana, es otra modalidad del flagelo tratado. Estos nos pone en un gran aprieto, ya que Panamá es el Estado con la flota de marina mercante internacional más grande del mundo y abanderamos los buques que navegan los distintos mares. ¿Estarán nuestros marinos seguros o al menos asegurados?
Justificando la doctrina interamericana de seguridad nacional aplicada en las décadas de 1960, 1970, 1980, los distintos ejércitos regulares y fuerzas de policía secuestraron, torturaron y asesinaron a miles de militantes izquierdistas y sindicalistas solo por sus principios ideológicos y los derechos que defendían.
En contraofensiva, las guerrillas focales que crecían a la luz de los ideales y triunfos obtenidos en otras latitudes, secuestraban a los finqueros o ganaderos, y a los industriales y comerciantes en las grandes ciudades para cobrar rescates. Estos grupos irregulares a quienes menos le tomaron parecer fue a la población, en nombre de la cual supuestamente combatían en procura de un mejor sistema de vida. Allí empezó el desorden.
Los gobernantes del continente asumen el poder asegurando políticas de manos duras y bajan del solio presidencial, derrotados en su propuesta. Prometen que nos les temblará la mano y concluyen sus gobiernos con beriberi.
La gran pregunta que nos hacemos los panameños es ¿cómo nos vamos a librar de dichos males, si las políticas adoptadas van encaminadas a reprimir el legítimo derecho del ciudadano decente a defenderse y defender los suyos? Si a quien tenemos de mayor enemigo es a los impartidores de justicia, quienes se ensañan con la gente honesta que se defiende. Inexorablemente resbalamos a algunas situaciones descritas que no son propias de los panameños.
Secuestra el Mossad, secuestra la CIA –con la bendición y apoyo de los gobiernos de los países evolucionados de Europa–, secuestran los organismos de seguridad de Rusia, secuestra la Yihad Islámica, secuestra Al Kaeda, secuestran los mafiosos del crimen internacional, secuestran los grupos religiosos, secuestran los gobernantes con el abuso del poder del Estado, secuestran los detentadores del poder, secuestran las mafias económicas, secuestran nuestros bienes, secuestran nuestras vidas, secuestran la seguridad y la libertad de tantos inocentes. No va a ser con la indiferencia ciudadana, como nos levantaremos de las cenizas, luego de ser rehenes de la delincuencia
El autor es politólogo
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