La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) ha hecho público un informe cuyos aspectos relevantes fueron destacados en la edición del pasado viernes de La Prensa. Con acuciosidad y profesionalismo, la SPIA analizó los costes, tanto de inversión como operativos del Metro y los estimó comparándolos con los de los sistemas similares que funcionan en otros países, especialmente el de Santo Domingo, que fue el referente más inmediato utilizado por el gobierno actual.
A los señalamientos de la SPIA, en tono de reproche, respondió el funcionario que funge como secretario del Metro y, también, como ministro del Canal y presidente de su junta directiva. Su queja fue que la SPIA se lanzó a hacer conclusiones, sin antes haberlo consultado sobre los aspectos que toca el informe.
La reacción del ministro y secretario Roberto Roy es un típico ejemplo de la conducta que practican muchos altos cargos del Gobierno, que se consideran ofendidos cuando los medios de comunicación y los gremios profesionales, como es el caso de la SPIA, revelan aspectos comprometedores de los asuntos que manejan sus despachos.
El problema de los funcionarios que, como el señor Roy, reclaman no haber sido consultados es su incapacidad para entender que su responsabilidad es dar las explicaciones antes de que se las pidan y que la conducta de gremios como la SPIA y las revelaciones que hacen los medios de comunicación se deben, precisamente, al muro de silencio que el Gobierno ha impuesto en el manejo de los asuntos públicos.
Por su condición de ministro del Canal, el señor Roy preside la junta directiva de la ACP y, por tanto, junto con el administrador Jorge Quijano, es uno de los máximos responsables de rendir cuentas sobre lo bueno y lo malo que ocurre en torno a la vía interoceánica. Sin embargo, todavía estamos a la espera de que se divulguen los contenidos del acuerdo con el que, supuestamente, se superó la crisis que se generó por la suspensión unilateral de los trabajos de la ampliación por el Grupo Unidos por el Canal (GUPC).
Cuando fue el momento de venderle al país el proyecto de la ampliación, tanto el señor Roy como los administradores Alberto Alemán Zubieta y Jorge Quijano exhibieron una casi incontenible locuacidad. Material y literalmente nos inundaron con informaciones de todas las bondades y beneficios que recibiríamos. Y no fue diferente cuando el presidente, Ricardo Martinelli y su “secretario” promovían el sistema del Metro.
Por experiencia, comprobada una y mil veces, sabemos que cuando los gobernantes y altos cargos del Estado abandonan la locuacidad de que hacen gala cuando quieren convencernos de las maravillas de sus proyectos y, sospechosamente, se cubren con velos de hermetismo, es porque algo grave nos esconden.
La conducción de los asuntos públicos conlleva el deber, para quienes la ejercen, como mandatarios de la voluntad popular, de rendir cuentas claras y pormenorizadas al mandante, que es el pueblo. Por eso, antes que un derecho a quejarse de no haber sido consultados, está su obligación de brindar explicaciones.
Si la “Secretaría del Metro”, de manera clara y oportuna, hubiera dado cuenta y detalle de los asuntos que ha planteado el informe de la SPIA, su protesta, en lo que fuera pertinente, hubiera tenido algún valor; pero su omisión la descalifica y le resta todo mérito.
Todavía estamos esperando que el ministro Roy, en su condición de presidente de la junta directiva de la ACP que lo aprobó, le explique al país, los detalles del acuerdo con el GUPC. En cuanto al Metro, menos aspavientos y más explicaciones detalladas son las que debe darnos su flamante secretario.
La intransparencia es la madre de las dudas y de mucho más, con justificada razón. Que así lo entiendan quienes manejan los asuntos públicos.