Admito, de entrada, que la magnitud del abuso me impide mantener la ecuanimidad. Conforme se va rompiendo el silencio inicial sobre el destino del dinero que los contribuyentes hemos tenido que dar para rescatar a la compañía aseguradora American Internacional Group, AIG, lo que era en mí un sentimiento de irritación más o menos controlable, poco a poco se ha ido transformando en furia.
Justo cuando se nos anuncia que los 173 mil millones de dólares que se le entregaron a esta enorme corporación al inicio del rescate financiero a mediados de septiembre del año pasado son insuficientes, y que muy probablemente necesitarán mucho más, nos enteramos que, si nadie los detiene, una buena parte del dinero sería utilizada para pagar gratificaciones a los ineptos e irresponsables ejecutivos de esta compañía.
Al igual que sucedió con los banqueros y con los ejecutivos de empresas en quiebra, la intención de los directivos de la agencia aseguradora es auto-recompensarse. El Gobierno dice que serían unos 165 millones de dólares. En el Wall Street Journal, el monto real de los sobresueldos ronda los 450 millones.
La explicación inicial de los directivos de la aseguradora fue que el propósito central de estos aguinaldos es garantizar la retención de ejecutivos a quienes consideran indispensables por su saber, capacidad y juicio.
Es decir, según los jefes, si no fuera por estas bonificaciones, sus ejecutivos se irían a trabajar a otras compañías. Y, me pregunto, ¿Qué compañía querría contratar a estos portentos que con sus intrincados, irresponsables y muy probablemente deshonestos manejos hicieron que la AIG perdiera 40 mil millones de dólares el año pasado? También han dicho que hay que pagarles ¡Porque los enredos que hicieron en sus transacciones son tan complicados que sin ellos nadie los podría descifrar!
Frente a tanto abuso, la gente que ha perdido sus trabajos; la que ha visto cómo la avaricia y deshonestidad de los mandarines que manejan el dinero ha producido una disminución considerable de sus ahorros; quienes han sufrido con la devaluación del precio de sus casas; los que están hartos de ver a los directivos de bancos y compañías automotrices vivir como reyes, viajar en sus aviones privados, pasar fines de semana en extravagantes hoteles de lujo discutiendo, entre martinis secos y masajes orientales, sus estrategias de mercadeo, le exigen al Poder Ejecutivo y al Legislativo que le pongan coto a los abusos y dejen de disponer del dinero de los contribuyentes para que estos embaucadores se aprovechen.
Mostrando su sensibilidad humana y política, a principios de esta semana el presidente Obama le ordenó al secretario del Tesoro que “utilice todo el poder que tiene a su disposición y que agote todas las avenidas legales existentes para impedir que se paguen esos aguinaldos”. Después de todo, añadió el presidente, “fue su imprudencia y su ambición desmedida la que colocó a esa corporación (AIG) en la precaria situación financiera en la que se encuentra”.
También va por la vía correcta el procurador de Justicia del estado de Nueva York, Andrew M. Cuomo, al exigirle a AIG que revele los nombres de los ejecutivos que deberían recibir las gratificaciones. Que se nos diga cuáles eran sus obligaciones y nos muestren las evaluaciones que sus jefes hicieron de su trabajo. No nos olvidemos que el Gobierno, es decir, nosotros los contribuyentes, somos los dueños del 80% de una compañía cuyos directores quieren seguir tomándonos el pelo, y que como accionistas, tenemos voz y voto en los asuntos que afectan nuestros intereses.