ICA y algunos poderosos empresarios panameños (PEP) no son los primeros en querer construir islas de la nada. Muchos otros se les adelantaron. Tal vez los más famosos son los árabes de Dubai, quienes en 2001 iniciaron el proyecto The Palm por la friolera de 1,200 millones de dólares, con grandes repercusiones ambientales, ya que solo la primera etapa del proyecto, amenaza acabar la vida marina alterando las corrientes, erosionando playas y el fondo del mar, y convirtiendo el azul marino en un desierto cubierto por una gruesa capa de lodo.
Proporciones guardadas, imagino un panorama similar con la construcción de las islas artificiales en Punta Pacífica, a escasos 150 metros de la costa. Ya se escuchan las voces airadas de ambientalistas. Hay cuestionamientos legales, así como sanitarios, relacionados con el saneamiento de la bahía de Panamá.
Parece que este proyecto inmobiliario fue avalado en 1996 por un contrato con el Estado para diseñar, construir, mantener y explotar el “corredor sur”, una autopista de peaje presupuestada en 222 millones de dólares, que finalmente costó casi 300 millones de dólares. La empresa mexicana, que estimó la recuperación de su inversión en 30 años, obtuvo, además, el derecho a rellenar como concesión para su venta, 35 hectáreas de fondo marino en la bahía de Panamá y 29.5 hectáreas en tierra firme, en áreas asignadas por el Estado.
Si la venta prevista de las islas se completa al precio base anunciado de entre 2,500 y 5,000 balboas el metro cuadrado, ICA podría obtener, solo por esta transacción, 463 millones de dólares. Según noticias de ACAN–EFE, la venta empezó en mayo de 2008, a 2,700 balboas el metro cuadrado.
Contra este mamotreto de islas se han manifestado instituciones de la seriedad de Alianza Pro Ciudad que catalogó al proyecto como exabrupto. Igual arremetió el urbanista Álvaro Uribe, quien consideró un abuso la enajenación del mar y las costas, que son bienes públicos, para realizar un plan de rentabilidad privada exclusivo del cual, agrego yo, se benefician unos pocos y nos perjudicamos todos.
Es gratificante la decisión actual de auditar los corredores norte y sur y determinar las ganancias de las empresas involucradas.
No me extrañaría que entre el Corredor Sur y los rellenos de Punta Pacífica, ICA ya hubiera recobrado su inversión con ganancias. Amanecerá y veremos las cifras.
También se cuestiona la legalidad de los procedimientos desarrollados para su implementación: no hubo consulta ciudadana y el estudio de impacto ambiental, con más de 10 años, además de obsoleto, podría estar viciado. Como si esto no fuera suficiente, el Tribunal Centroamericano del Agua en el año 2000 condenó a las autoridades panameñas por “haber permitido y seguir permitiendo la construcción de infraestructura que, tal como el Corredor Sur y Punta Pacífica, contribuirían a seguir convirtiendo la bahía de Panamá en un pantano de lodo fecal”; además, recomendó “ordenar una revisión técnica independiente y exhaustiva del Plan Maestro para el Saneamiento de la Bahía”.
Este planteamiento va de la mano con las declaraciones del Dr. Stanley Heckadon Moreno, del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, quien analizó la influencia de las corrientes marinas en proyectos aparentemente desligados, pero interrelacionados por el movimiento de las mareas, tales como la calzada de Amador, los rellenos del Club de Yates y Pesca y del hotel Miramar y las islas en proyecto de construcción, pues “estas actividades de construcción que aparentan estar desconectadas, obedecen a un plan de privatización que terminará por destruir la bahía de Panamá”, manifestó.
De continuar así, podríamos tener la bahía de Panamá convertida en una enorme cloaca repleta de excremento a pesar del proyecto millonario de saneamiento.