En juzgados lejanos de Latinoamérica y hasta en los tribunales de aquí en Estados Unidos está surgiendo una tendencia inquietante. Se está formando un nuevo triángulo de hierro de abogados litigantes, activistas mal informados de las ONG y gobiernos anti-norteamericanos con sistemas judiciales débiles. Cada uno actúa conforme a sus propios intereses y, en el caso de las ONG, en general, se trata de intereses nobles. Sin embargo, el efecto acumulativo es crear una dinámica que pueda utilizarse para estafar a las compañías estadounidenses.
En Estados Unidos se les pide a los atareados tribunales que atiendan casos que pueden describirse como “agravios de importación”. Los abogados litigantes encuentran demandantes en tierras extranjeras para hacer valer sus pretensiones. Las pruebas provenientes de tierras remotas resultan difíciles de rebatir. En algunas ocasiones, sencillamente se fabrican las “pruebas” con la complicidad de los funcionarios locales.
Por ejemplo, Dole Foods enfrentó acusaciones infundadas en Nicaragua por parte de demandantes que reclamaban haberse vuelto estériles luego de que habían estado expuestos a los pesticidas, cuando trabajaban en las plantaciones de banana de la compañía. A pesar de que los demandantes obtuvieron algunas sentencias favorables contra Dole en Nicaragua, cuando se juzgó el caso en Estados Unidos, las pruebas reales demostraron que la mayoría de los demandantes no había trabajado nunca en las plantaciones de Dole y que ninguno de ellos era estéril. La jueza estadounidense desechó el caso por constituir un “fraude en el tribunal” y una “extorsión flagrante”. Reprendió a los abogados de los demandantes y, después de haber oído las pruebas que sugerían que estaban conspirando junto con jueces y funcionarios oficiales nicaragüenses y corruptos, les pidió a los fiscales federales que investigaran.
Para evitar los tribunales estadounidenses y sus requisitos de pruebas reales, algunos letrados prefieren entablar juicios en otros países, en donde el estado de derecho es débil y se aceptan las pruebas falsas más fácilmente. Un ejemplo es el caso contra Chevron en Ecuador, que surge de las actividades de producción petrolera llevadas a cabo por Texaco (adquirida por Chevron en 2001) en la región de la Amazonia del Ecuador, desde las décadas de 1960 hasta y 1990. Texaco finalizó su trabajo en Ecuador en 1992 y realizó una reparación de 40 millones de dólares en la zona. Luego de que Texaco finalizó las operaciones, el Gobierno lo exoneró de cualquier responsabilidad futura. Posteriormente, Ecuador aprobó una nueva ley, por la cual otorgaba a los particulares los fundamentos para eviscerar esa exoneración.
Un tribunal federal de Estados Unidos sensatamente desestimó los argumentos expuestos por los demandantes contra Chevron en un caso relacionado y multó al abogado por inventar demandas de supuestas víctimas del cáncer. No obstante, los demandantes han encontrado un foro mucho más hospitalario en Ecuador. Informes de la Asociación Internacional de Abogados y del Departamento de Estado de EU señalan que el sistema judicial de Ecuador tiene poca independencia, y que el estado de derecho es débil. El presidente ecuatoriano Rafael Correa ha adoptado un patrón donde confisca los activos de empresas extranjeras, deja cesante a jueces que no ceden ante su presión política, y agrede a los medios de comunicación que no apoyan su agenda política. Correa declaró públicamente su apoyo a los demandantes en el caso Chevron. (Vaya escándalo si el presidente Obama tomara partido públicamente en un juicio civil en EU que involucrara a una empresa extranjera). El gobierno de Correa ha acusado a dos de los abogados locales de la defensa de Chevron, por lo que no sorprende que el juez que preside la causa de Chevron haya mostrado su solidaridad con los demandantes en varias entrevistas mediáticas.
También hay que decir que los demandantes ignoran el verdadero culpable, la empresa de petróleo de capitales estatales, Petro Ecuador, que tiene uno de los peores antecedentes ambientales en Latinoamérica. La empresa continuó operando en la región después de que Texaco se fue, y registró la increíble cantidad de mil 415 derrames de petróleo del año 2000 al 2008. Sin embargo, ningún abogado litigante tuvo prisa por demandar a Petro Ecuador, que es un blanco mucho más protegido en Ecuador que una gran empresa estadounidense.
En donde se respeta la ley, casos como aquellos contra Dole Foods y Chevron no tienen chance. En donde no se respeta, los demandantes son libres de buscar la justicia del premio mayor en la lotería de litigios globales. Incluso, cuando las empresas estadounidenses finalmente ganan, su reputación se ve manchada y los costos de la defensa pueden ser de decenas o cientos de millones de dólares.
Es fundamental que expertos legales, diplomáticos y encargados de diseñar las políticas comprendan lo que está sucediendo. Si no se toman medidas ahora para proteger a las empresas estadounidenses que operan en el exterior, más abogados litigantes encontrarán jurisdicciones internacionales para manipular, y más empresas serán victimizadas. Por último, los consumidores y contribuyentes estadounidenses pagarán el precio.