Como cada año, Amnistía Internacional (AI) tomó el jueves el pulso al horror del mundo y el resultado, como también es habitual, no fue nada bueno.
Millones de personas sufren abusos de todo tipo mientras la justicia universal, el instrumento que podría servirles de ayuda, retrocede en muchos países, empezando por España, el que fue pionero y referente de un movimiento que AI ve hoy secuestrado por la política.
El Tribunal Penal Internacional (TPI), por ejemplo, dictó el año pasado una orden de detención contra el presidente sudanés Omar Hasan al Bashir por los supuestos crímenes de guerra cometidos por su ejército en Darfur. La justicia universal parecía haber dado un gran paso hasta que los países de la Organización de la Unidad Africana (OUA) se negaron a extraditarlo, demostrando que la política pesa mucho más que la justicia.
Otro ejemplo del largo camino por delante es el desprecio de Israel y Hamas por la investigación de la ONU que los culpa de haberse ensañado con la población civil durante el conflicto armado que tuvo lugar en enero de 2009.
Los agresores y violadores de los derechos humanos disfrutan de la impunidad que se deriva de esta brecha en la justicia universal. AI afirma que así puede mantenerse una “perversa red de represión en todo el mundo”. Casos de torturas y maltratos se han observado en al menos 111 países; juicios injustos, en al menos 55, y presos de conciencia en un mínimo de 48.
España, en otro claro ejemplo de priorizar sus intereses diplomáticos y comerciales, reformó el pasado mes de octubre la ley del Poder Judicial para restringir la aplicación de la justicia universal. Israel, afectado por una demanda contra sus mandos militares, presionó para que así fuera y lo mismo hizo China, que tenía causas pendientes por la represión de las revueltas en Tibet y Xinjiang.
El presidente Rodríguez Zapatero, en otro quiebro del destino, presidirá el próximo septiembre en Nueva York la reunión de la ONU sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio. A su lado estará el presidente ruandés Paul Kagame, perseguido por la justicia española por el asesinato de nueve ciudadanos españoles entre 1990 y 2002.