Según mandato constitucional, el salario mínimo debe ser ajustado periódicamente. La ley establece que esta “revisión” debe ser cada dos años, por tanto, la mesa de negociación está actualmente instalada (empresa privada, trabajadores y gobierno) para discutir y decidir cual será el salario mínimo que regirá a partir de enero del 2020.
Sí, para los asalariados este aumento significa que recibirán mayor paga por igual trabajo. ¿Realmente tendrán más dinero en su bolsillo? Puede parecer cínico estar en contra de un aumento de salario, ya que muchos podemos coincidir que “la vida ta´ muy cara y la plata no alcanza pa’ na´”. Sin embargo, cuando este aumento es impuesto por una tercera parte (el gobierno), y sin tomar en cuenta el estado financiero de la empresa que debe aplicarlo, el debate no es tan sencillo.
Cada historia tiene dos partes, y el aumento del salario mínimo no es la excepción. Una parte es el incremento directo de los ingresos a los trabajadores. La otra es la reducción de personal, el incremento del desempleo, las dificultades -cada vez mayores- para ingresar al mercado laboral, la discriminación a grupos vulnerables, el incremento de costos de producción y precio final de productos, e inevitablemente, el aumento y perpetuidad de la pobreza. No pretendo argumentar que el salario mínimo por si solo ha causado estas consecuencias, sin embargo, sería ingenuo pensar que no contribuye a ellas.
Estas consecuencias han sido demostradas por cifras del INEC. En el informe presentado (agosto 2019) las estadísticas muestran que del 2018 al 2019 la tasa del desempleo aumento en un 1.1%. La población desocupada a nivel nacional ha aumentado un 23.5% en un año. El 58.3% de las personas en desempleo son jóvenes y el 5.4% del empleo informal es casi el doble, comparado con el 2017.
El salario mínimo puede estar siendo un detractor silencioso a los esfuerzos para alcanzar una equidad de género. Considerando que las mayores afectadas por el alto nivel de desempleo son las mujeres menores de 24 años.
El aumento del salario mínimo en el 2018 estaba supuesto a mejorar la calidad de vida de las personas y brindar mayores oportunidades a fin de reducir la pobreza. Es lamentable que ninguna de esas metas se haya alcanzado y que, por el contrario, las cifras muestren un detrimento en las condiciones del mercado laboral.
Mientras estas cifras nos golpean a la puerta. Algunos de los principales actores de estas negociaciones parecen estar ajenos a esta realidad. Por ejemplo, el dirigente de los trabajadores organizados de Panamá comentó que sus aspiraciones para el salario mínimo son de, por lo menos, 1,040 balboas. Aunque es poco probable que un acuerdo se alcance sobre esa cifra, la pregunta seguirá siendo: ¿Cómo podrán las pequeñas y medianas empresas enfrentar un desmedido aumento en sus costos de producción con igual ganancias? ¿Quién realmente pagará estos aumentos de salario? ¿el empresario o los consumidores?
No requerimos una bola de cristal para conocer esas respuestas.
El aumento del salario mínimo no debe ser una decisión apresurada. Este asunto amerita detenernos y analizar las decisiones económicas que estamos tomando. Si seguimos permitiendo que la política, el populismo y la ineptitud lideren negociaciones tan importantes, no nos sorprendamos cuando en “una de las economías más dinámicas de la región” aún fallezcan niños por inanición.
La autora es miembro de la Fundación Libertad