Los ciudadanos panameños tenemos derechos naturales y universales que se deben garantizar a través del ordenamiento jurídico y social del estado. La Constitución Política de la República de Panamá plasma los derechos y garantías fundamentales de todos y cada uno de los nacionales y extranjeros, bajo la jurisdicción nacional.
Desde que la Defensoría del Pueblo adquirió rango constitucional en nuestro derecho positivo, se caracterizó por su fuerza normativa superior y esto constituye un avance hacia el estado de derecho.
El defensor (a) del Pueblo debe ejercer la guarda de la integridad de la Constitución; no debe ceñirse estrictamente a los derechos que consagra el texto constitucional, sino que puede admitir otros derechos reconocidos o consagrados universalmente a favor de las personas. Estas garantías y derechos constitucionales deben considerarse como mínimos y pueden ser ampliados vía jurisprudencia.
Con el afán de indagar su origen, la Defensoría, conocida en el derecho comparado como Ombudsman, fue creada en Suecia en 1809, con la finalidad de controlar el exceso de poder de la monarquía. Por lo tanto era un mecanismo de control de las actividades del rey y sus funcionarios.
En Portugal, se le conoce como el promotor de justicia; en España, defensor del Pueblo; en Italia, defensor cívico.
Actualmente en Panamá vemos vulnerados muchas de las garantías fundamentales y derechos individuales y sociales, sin que la responsabilidad del Estado recaiga sobre estos aspectos, lo que nos devela la indiferencia de las autoridades respectivas.
La crisis de valores en nuestra sociedad provoca una falla en el sistema, creando un descontrol social y escalada de violencia y actos de corrupción.
Casos como la masacre de La Joyita y la fuga de un conocido reo de alta peligrosidad, deja en evidencia las falencias del sistema penitenciario. Esta es un área de trabajo prioritaria para la Defensoría del Pueblo, sin embargo, en este como en otros temas, los panameños quedamos a la espera de un defensor o defensora del Pueblo.
Nos gustaría ver o escuchar pronunciamientos de la defensora del Pueblo (encargada) en materia de resocialización del reo, protección a las víctimas, los envenenados y contra los abusos que sufren los consumidores.
No se puede ser omisivo frente a situaciones que afectan al país.
La autora es ingeniera naval y catedrática universitaria (UMIP)
