Por años, el derecho a la educación ha sido considerado por muchos como un tema especializado, competencia de los juristas para mejorar las disposiciones legales. Esta perspectiva ha cambiado profundamente. Hoy, el derecho a la educación ocupa un lugar central en el escenario nacional e internacional. Se trata de un referente esencial para promover y evaluar el grado de cumplimiento de un Estado, con relación a sus obligaciones fundamentales derivadas del ejercicio efectivo del derecho a la educación.
Con la llegada de la pandemia Covid19 , los sistemas de educación a nivel mundial se han visto afectados. Esta situación ha impulsado a muchos países a implementar la llamada “educación virtual” o “educación desde casa”. El distanciamiento social convierte a la casa en un aula de clases. Se trata de un mecanismo que de una manera u otra ha permitido la continuación del aprendizaje. El gran pendiente son las áreas vulnerables, los lugares remotos y lejanos, que no tienen acceso a internet. ¿Acaso no tienen también derecho a la educación, quienes viven en estas condiciones?
Cuando hablamos de “derecho a la educación”, probablemente algunos contestarán que es el derecho que tiene todo individuo a recibir una educación. Surge de inmediato la interrogante: ¿a qué tipo de educación nos referimos ? Hablamos de una educación de calidad, equitativa, continua, inclusiva y accesible para todos.
No está demás señalar que la educación potencia el desarrollo del ser humano . Tener educación integral es una condición esencial para el disfrute de todos los demás derechos humanos.
La educación es considerada un derecho habilitante. Entre los derechos humanos reconocidos por la Organización de Naciones Unidas, el derecho a la educación es un derecho clave. No se pueden ejercer a cabalidad ninguno de los derechos políticos, civiles, sociales, culturales o económicos, sin un mínimo de educación. Dicho esto, se trata del tipo de derecho que le corresponde a todo ser humano por el simple hecho de nacer.
Es una realidad que el gobierno nacional tiene un papel de suma relevancia en esta materia como administrador del Estado. Es el principal responsable de asegurar el efectivo ejercicio del derecho a la educación de todos los niños , niñas y jóvenes panameños. Nosotros, en nuestro papel ciudadano, somos responsables de velar porque se cumpla esta función del Estado de brindar el efectivo ejercicio de un derecho humano inalienable.
Esta pandemia ha dejado al descubierto una barrera que pone en riesgo la continuidad y permanencia de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo, situación que debe evitarse a toda costa.
La vida se abre paso entre la sombra de lo inerte. Pulsa en el movimiento de los seres y se extiende como un cielo coordinado en el que los individuos deben priorizar uno de sus derechos: el aprendizaje. El Estado debe hacer su papel; los ciudadanos, también. Hay niños, niñas y jóvenes que no tienen voz para reclamarlo . Quienes podemos, lo haremos. Es nuestro deber.
El autor es egresado del LLAC y miembro de Jóvenes Unidos por la Educación