Los diputados acaban de aprobar una ley que amenaza con acabar la educación privada, lo cual arrollaría de una sola vez la maltrecha educación pública, realmente apagando la “estrella” del plan de gobierno del presidente Cortizo.
Está claro que la educación es una obligación básica del Estado; todos quisiéramos que la escuela pública fuera la mejor del país, como lo fue cuando el Instituto Nacional era la escuela más prestigiosa de la nación y como todavía afortunadamente lo son las universidades públicas (Panamá y Tecnológica): las mejores.
Afortunadamente, se ha creado un sistema de escuelas y universidades privadas, reguladas por Meduca, que han subido la barra de calidad de la educación, además de aliviar la carga del sistema escolar público enormemente.
A pesar de las controversias naturales en el sistema privado sobre los costos y cobros, nadie está obligado a enviar a sus hijos a escuelas privadas. Los padres que así lo hacen es porque quieren garantizarles una educación superior y moderna, cuyos costos y precios tienen que ser mayores, pero para subsistir tienen a la vez que ser competitivos.
El enfoque primario del Estado tiene que ser mejorar radicalmente la escuela pública primero, para que brinde la mejor educación del país e, incluso, que esté en el ranking superior del mundo. Todos (principalmente los maestros y profesores) debemos aspirar a que nuestro sistema sea de la calidad del de Finlandia (pequeño país que vino de lo peor a lo mejor del mundo). A esto tenemos que dedicarnos.
El proyecto de ley en controversia hace todo lo contrario: sin que ésa sea su intención, destruye la economía de las escuelas privadas, entrometiendo al gobierno inconstitucionalmente, creando un funesto precedente que cambia –para mal– el sistema económico de la nación panameña.
¿Recuerdan el “temporal” control de precios del presidente Varela, retrocediéndonos a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial? Pues aún está vigente, por temor político.
Toca al presidente Cortizo vetar esta ley, y entre más rápido lo anuncie mejor, antes de que las escuelas privadas, por protesta, anuncien su cierre en anticipación real al cierre que sufrirán tarde o temprano, por la descabellada ley.
¿Quién dijo que habría incentivos a la inversión privada para el recobro económico y el desarrollo del país? Pues bien, si esta ley no se veta, vamos a ver todos que no es cierto lo de los incentivos, sino un cuento.
Queremos oír la voz de la ministra de Educación. ¿Cómo va a hacer el Meduca, cuando gran parte de los estudiantes de la privada –ante el cierre de sus escuelas– no tengan opción más que volcarse a las escuelas públicas? ¿Cómo van a manejar esta catástrofe?
Oigamos también la voz del ministro de Comercio y, sobre todo, la del ministro consejero para la inversión privada en la nueva institución Pro Panamá.
¿Qué dirá el ministro de Economía y Finanzas para explicar que nuestra economía ha tomado un giro estatizante hacia el caos?
Y nuestra joven y preparada canciller, ¿cómo presentará al mundo el cambio radical de nuestro sistema económico?
Solo hay un camino lógico y racional ante semejante exabrupto: ¡el veto presidencial rápido, radical y definitivo!
Tengo fe que el presidente va a examinar esta amenaza tanto a la educación como al sistema económico.
El autor es fundador del diario La Prensa
