El pasado 11 de noviembre, se promulgó la Ley 254, que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia internacional y de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Esta norma es una iniciativa del MEF y fue aprobada en tercer debate el 26 de octubre. Su propósito es que las medidas que se tomarán como consecuencia de dicha ley, sirvan para que los organismos internacionales nos saquen de las listas que le causan tanto daño al país en sus relaciones comerciales internacionales, especialmente en tiempos tan difíciles como los que vivimos.
Desde 2011, Panamá ha realizado cambios en sus leyes para transparentar sus servicios y ajustarse a la realidad comercial en el mundo. Hemos inmovilizado acciones al portador, incluido nuevos sectores como sujetos regulados, tipificado la defraudación fiscal como una violación de carácter penal y creado una superintendencia para los sujetos regulados no financieros, así como el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas.
Todas estas normas han reforzado los controles que los sujetos regulados deben realizar en sus relaciones con sus clientes y han implementado sanciones fuertes por el incumplimiento de estos controles. Ninguno de estos esfuerzos, leyes y controles ha logrado que los organismos internacionales saquen a Panamá de las listas. Sin embargo, se espera que esta nueva ley sí lo logre.
La mayoría de las personas piensan erróneamente que estamos en estas listas únicamente por los delitos de violación a la intimidad en contra de firmas de abogados locales que han puesto a Panamá en el ojo internacional, al publicar información privilegiada (Panama Papers y Pandora Papers), y que es un asunto que sólo afecta a las sociedades, fundaciones y fideicomisos que surten efectos fuera de nuestro país.
Sin embargo, la Ley 254 afecta el servicio de agente residente de manera integral e inevitablemente impactará a cualquier comerciante que tenga un negocio a través de una sociedad panameña o aquellos que las utilizan para la tenencia de bienes (sociedades dueñas de apartamentos o acciones), incluyendo a las fundaciones de interés privado que tienen ese mismo propósito.
La ley introduce la obligación de contar con el perfil transaccional y financiero para todas las sociedades a las que se le brinda el servicio de agente residente, el cual deberá ser comprobado por el agente residente. Es decir, que toda persona que tenga una sociedad, fideicomiso o fundación, tendrá que entregar a su agente residente información financiera y documentación suficiente que permita comprobar que ésta es fidedigna.
Las sanciones por incumplir estas obligaciones van desde $5 mil hasta $5 millones, y se aplicarán a los agentes residentes y sus clientes si estos autorizan o ignoran los pedidos para cumplir con dichas disposiciones.
¿Cómo me afectará este tema? Si usted es un comerciante regular, que realiza su negocio a través de una sociedad anónima, está obligado a colaborar con su agente residente en el cumplimiento de las obligaciones y asumir el incremento que se reflejará en el honorario anual de agente residente.
Cumplir con estas regulaciones obligará a los abogados a establecer una estructura interna que permita recabar la información de sus clientes, interpretarla debidamente, actualizar los expedientes y estar listos para presentar los informes que requieran las autoridades. Esto implica costos adicionales que, inevitablemente, serán trasladados al cliente final, sea este local o internacional.
La autora es abogada
