La crisis mundial que hoy padecemos requiere acción rápida de las autoridades. Por ello, ha sido necesaria la invocación de poderes y facultades extraordinarias, por parte de los gobiernos, a fin de agilizar la implementación de medidas y asignación de recursos para mitigar los efectos adversos de la pandemia. No obstante, aún en tiempos de crisis, existen principios esenciales e intrínsecos a un estado de derecho que deben ser respetados.
El primero de ellos es el respeto al marco jurídico y al principio de legalidad. Es cierto que una crisis requiere de medidas de intervención extraordinaria por parte del Estado. Medidas que pueden restringir o suspender garantías fundamentales. Sin embargo, no es menos cierto que existen procedimientos legales previamente establecidos para aplicar estas medidas. Aceptar con resignación que el gobierno ignore los procedimientos legales, o peor aún, celebrarlo, es peligroso y pone en riesgo nuestras libertades ciudadanas.
Así, la decisión del Ejecutivo de suspender y restringir garantías constitucionales, utilizando la Ley de Contrataciones Públicas y no el artículo 55 de la Constitución, es desacertada, grave y debería ser subsanada cuanto antes. El argumento que pretende justificar la ilegalidad de la medida, por su necesidad carece de relevancia en un estado de derecho.
De igual forma, la medida anunciada por el Presidente de la República que busca descontar un porcentaje del salario a los funcionarios públicos, presenta vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad que no deben ser ocultados bajo la bandera de la solidaridad. La ley es clara, las deducciones sobre el salario de los servidores públicos solo podrán ser ordenadas por ley, por orden judicial o por orden voluntaria. (artículo 1 de la Ley 92 de 1974).
Otro principio es el de la correcta utilización de recursos públicos. El Estado debe maximizar los recursos y adoptar medidas económicamente efectivas para mitigar los efectos adversos del coronavirus. La austeridad y la contención de gasto debe aplicarse únicamente a la ostentación gubernamental y bajo ningún concepto, debería perjudicar la asistencia social, generalizada, coordinada y concreta, que se requiere.
Según cifras del MEF, el gobierno está destinando fondos por 5,800 millones de dólares para contrarrestar los efectos negativos causados por la pandemia. Así, el desglose es el siguiente: 2,000 millones del presupuesto 2020, 2,500 millones provenientes de la emisión de bonos del pasado 26 de marzo y 1,300 millones provenientes del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP). Solo para ilustrar, si dividimos los 5,800 millones de dólares en 5 meses (tiempo aproximado de la crisis), el Estado pudiera gastar 38.6 millones de dólares al día.
Es indispensable que el gobierno presente cuanto antes un detalle puntual de ¿en qué? y ¿para qué? se van a invertir esos recursos y una presentación de cuáles son las medidas a largo plazo para el pago de la deuda adquirida. La transparencia en la gestión de recursos es fundamental para que el gobierno mantenga la credibilidad y confianza.
Aún, durante la pandemia, los pilares de un Estado democrático y de derecho se mantienen intactos. El gobierno debe actuar conforme a la ley y la ciudadanía debe vigilar y fiscalizar lo actuado. No permitamos que la desesperación nos nuble la vista.
La autora es miembro de la Fundación Libertad