El 30 de julio, se conmemora el Día Mundial Contra la Trata de Personas. Veintiún años después de la firma del Protocolo de Palermo, que contribuyó a establecer una definición internacionalmente aceptada y con ello posicionó la problemática de la trata en la agenda internacional, los avances en la lucha contra este delito a nivel mundial son evidentes. Hoy, muchos países disponen de leyes para combatirlo, son mayores los esfuerzos para investigar, detener y procesar a los delincuentes, y se reconoce el derecho de las víctimas a una asistencia y atención basadas en sus derechos humanos y vulnerabilidades. También se aplica un enfoque internacional para responder a un delito que suele traspasar las fronteras nacionales.
Sin embargo, la trata de personas sigue siendo un delito muy lucrativo, en algunos casos difícil de investigar, con tasas altas de impunidad y una gran cifra negra en detección de casos, razones que lo hacen atractivo para los perpetradores y un gran reto para los Estados y sociedades. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) señala que para 2018, alrededor de un tercio del total de las víctimas de trata en el mundo fueron personas menores de edad, siendo Centroamérica y el Caribe dos de las tres regiones con mayor número de casos detectados de trata con fines de explotación sexual en niños, niñas y adolescentes.
Como consecuencia de la pandemia de Covid-19 se han incrementado las desigualdades y la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes frente a este flagelo. La pobreza, la pérdida de empleo y el cierre de las escuelas, entre otros factores, han aumentado los riesgos de explotación y abuso. De forma simultánea, se observan cambios en los métodos delictivos usados por los delincuentes, siendo la utilización de nuevas tecnologías cada vez más frecuente.
Por medio de las redes sociales, plataformas de mensajería instantánea encriptadas, la deep web, el uso de criptomonedas y el desarrollo de sistemas informáticos para facilitar la comisión del delito, los criminales logran mantenerse en el anonimato mientras realizan sus fechorías. Pueden participar en comunicaciones en tiempo real pero encriptadas, llegar a un público más amplio en términos de víctimas y victimarios, y controlar a las víctimas a distancia. La tecnología ha permeado todas las fases de la explotación sexual infantil, desde la captación y la explotación de la víctima, hasta el chantaje con información, fotos y vídeos.
Si bien los espacios virtuales ofrecen a los criminales un escudo tras el cual se sienten seguros de operar casi con total impunidad, también la tecnología se presenta como una oportunidad para las autoridades en su lucha contra este delito. Permite brindar evidencias para el desarrollo de investigaciones y procesos judiciales, generar información sobre identidades, funciones, estructuras, ubicaciones y actividades de los sospechosos, así como rastrear transacciones financieras electrónicas realizadas por los delincuentes.
Se hacen imperativas, entonces, la continua capacitación de las autoridades en materia tecnológica, la inversión en equipos tecnológicos y recursos humanos, y la actualización de los marcos normativos para permitir el uso de evidencias digitales como medio de prueba y así se facilite la aplicación de la ley. Por otra parte, los proveedores de servicios tecnológicos deben mejorar sus capacidades para colaborar con las autoridades, brindando información sobre potenciales casos y criminales que operan en sus plataformas.
Resulta también urgente cooperar en la asistencia y protección de víctimas de trata de personas y desarrollar investigaciones de alcance internacional y multilateral, ya que los autores de las diferentes acciones que componen el delito y las víctimas podrían estar radicados en diferentes países. Esto genera retos adicionales en materia de protección y asistencia a víctimas y en la aplicación del principio de la no criminalización de estas.
Enfrentamos grandes retos en la lucha contra la trata de personas, en especial en niños, niñas y adolescentes. Todos los sectores de la sociedad estamos llamados a cumplir un rol protagónico en la protección y garantía de los derechos de una niñez especialmente vulnerable en estos momentos de pandemia.
La autora es directora regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
