El presidente Laurentino Cortizo aseguró que las elecciones del 2019 fueron buenas y que le preocupaba que los 300 artículos presentados para modificar el Código Electoral eran casi un código nuevo. Seguramente las elecciones fueron buenas para él y para su partido PRD que, a pesar de sacar el 33% de los votos, ganaron más del 50 % de las curules en la Asamblea.
Cada cinco años, después de las elecciones, el Tribunal Electoral convoca a la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) para que revise la ley electoral y proponga las modificaciones. Esta comisión está establecida por ley y está compuesta por un representante de cada partido político, y un representante por cada sector de la sociedad civil que incluye a los trabajadores, empresarios, academia y organizaciones no gubernamentales.
En el ejercicio posterior a las elecciones del 2019 y que duró más de un año, se lograron consensos importantes entre los sectores. Algunos de estos cambios son:
1. La reformulación del cálculo del residuo en los circuitos plurinominales, restando los votos que se usaron para calcular cociente y medio cociente, eliminando el doble conteo de votos que permitió la elección de figuras como Crispiano Adames, Jairo (Bolota) Salazar, Leandro Ávila, Miguel Fanovich y otros.
2. La eliminación del fuero penal electoral, una figura que no existe en otras legislaciones y que fue utilizada por decenas de “candidatos” para evadir la justicia.
3. Bajar los topes del gasto electoral para los diferentes cargos.
4. Cambiar la proporción del financiamiento público para hacerlo más equitativo, pasando de 97.5% para los partidos a 85% para los partidos y 15% para los candidatos de libre postulación.
5. Prohibición de donaciones por parte de ciudadanos condenados o empresas contratistas del Estado.
6. Mejores reglas para garantizar una mayor participación de la mujer.
En setenta y cinco modificaciones presentadas por diputados de la Comisión de Gobierno, no solo eliminaron la mayoría de estos avances, sino que también endurecieron la ya restrictiva norma de propaganda electoral incluyendo la palabra “gratuita”. Esta introducción impediría que ciudadanos y medios de comunicación pudieran emitir comentarios a favor o en contra de cualquier candidato de elección. Esta modificación violaría, no solo el derecho a la libre expresión sino también el derecho del ciudadano a estar informado, precisamente en el momento cuando mayor información debemos tener sobre las personas que aspiran ocupar puestos de elección.
Nuestra democracia está en crisis, una crisis que deriva de las crisis de los partidos políticos que han sido cooptados por diputados de la Asamblea. Estos diputados han sido electos precisamente con reglas que favorecen el clientelismo, la corrupción y la inequidad.
Hoy instalan la mesa técnica entre diputados y magistrados del Tribunal Electoral. En esta mesa no participa la CNRE que elaboró el proyecto de ley y donde la mayoría de los sectores están representados. ¿Quién velará por los intereses ciudadanos en esa mesa?
La autora es miembro de Movin y conductora de Sal y Pimienta
