En el condado de Los Ángeles, lejos de los reflectores de Hollywood, y mucho más lejos de la lujosa Beverly Hills, está Bell, una pequeña ciudad de obreros inmigrantes cuyo infortunio con sus inescrupulosos políticos hoy le han dado fama. Bell es una de las nuevas puertas de entrada de inmigrantes a Estados Unidos.
El 90% de su población es de origen latinoamericano, los blancos no llegan al 6%, casi no hay afroamericanos y los de origen asiático apenas rebasan el 1%. Por su cercanía geográfica, su pobreza y sus rasgos culturales Bell comparte su destino con un puñado de ciudades angelinas en las que la poca participación cívica de los residentes es aprovechada por sus funcionarios municipales para enriquecerse en sus puestos porque no tienen que rendirle cuentas a nadie.
A mediados de julio, dos reporteros de Los Angeles Times, Rubén Vives y Jeff Gottlieb, publicaron en la primicia de sus investigaciones sobre la asombrosa discrepancia entre los salarios de las autoridades municipales y el ingreso promedio de los habitantes de la humilde ciudad, muy por debajo del promedio en el condado.
Según la publicación, el administrador de la ciudad, Robert Rizzo, recibía un salario anual de casi $800 mil; el jefe de la policía, Randy Adams, ganaba $457 mil, y la asistente de Rizzo, Ángela Spaccia, $376 mil 288. Como dato comparativo, considere que el presidente Barack Obama gana $400 mil; el administrador de la ciudad de Los Ángeles, $256 mil 803; el gobernador del Estado, Arnold Schwarzenegger, debería ganar $173 mil 987, pero no cobra su salario y, tanto el jefe de la policía de Los Ángeles como el alguacil del Condado, ganan la mitad de lo que ganaba su contraparte en Bell, una ciudad con una población de 38 mil habitantes.
Pero ahí no termina la historia porque los reporteros del Times han seguido investigando y documentando los horrores y las indignidades que los habitantes de Bell han tenido que soportar para poder pagar los estratosféricos salarios de sus abusivos funcionarios.
Entre los datos que revelaron se destaca uno que es apabullante. El dueño de una casa en Bell valorada en $400 mil paga 50% más de impuestos de propiedad que el dueño de una casa del mismo valor en Beverly Hills, donde el ingreso bruto promedio en la zona más exclusiva de la ciudad sobrepasa los 3 millones de dólares al año.
Después de la publicación de los escandalosos salarios la gente de Bell reaccionó despidiendo a los tres privilegiados burócratas. Pero a menos que la investigación del procurador de Justicia del condado revele actos ilícitos de los tres funcionarios, estos recibirán una pensión vitalicia ligeramente menor al sueldo.
La historia de este abuso, que podría ser la historia de tantos municipios pobres en el mundo, debería dejarnos por lo menos tres lecciones contundentes. La primera es evidente: no puede haber buen gobierno cuando los asuntos públicos se manejan sin transparencia. Pero para que haya transparencia la ciudadanía se debe involucrar en el escrutinio del gobierno y demandar rendición de cuentas. Otra condición es que los inmigrantes se integren a la sociedad, aprendan inglés, se hagan ciudadanos, se registren para votar, elijan a los mejores y boten a los ineptos y a los corruptos.
La tercera lección es que sin una prensa responsable, que sabe adentrarse en las comunidades para investigar los asuntos públicos, es difícil que la ciudadanía cuente con los datos necesarios para normar su juicio. Las telenovelas, los concursos y los deportes, que ven en sus televisores la mayoría de los habitantes de Bell, no sirven de nada. Y mientras los medios en español de Los Ángeles no cubran adecuadamente a su clientela, los inmigrantes que solo hablan español seguirán siendo explotados por políticos inescrupulosos como los que el Times acaba de denunciar.