La Ley Fundamental de Murphy, frecuentemente citada, que dice, "Si algo tiene la posibilidad de salir mal, saldrá mal", parece haberse cumplido al pie de la letra en la elección del nuevo Defensor del Pueblo. Creí que la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea pasaría por un fino tamiz a los candidatos para colar "bruscas" y escoger a los mejores, y que al final solamente quedarían cinco o seis finalistas. Pero no fue así y aquello fue lo nunca visto: un hormiguero de ciudadanos caminando los pasillos de la Asamblea haciendo campaña y buscando padrinos. Sé que muchos de los aspirantes cuentan con los méritos que requiere el cargo pero un vistazo rápido a la lista me indicaba que algunos andaban buscando pegar "un palo loco", olvidando que los diputados usan tejemanejes de intereses políticos y personales que les cerraba el paso. Fue escogido el licenciado Liborio García y empezó a arder Troya.
El candidato Neftalí Jaén, al saberse perdedor divulgó ante los medios de comunicación, con motivación censurable, lo que se tenía guardado: el documento de un incidente de violencia intrafamiliar, de García, ventilado en una corregiduría. Los diputados conocían este hecho pero, para no perder la costumbre, con imprudencia y desprecio a la opinión ciudadana, lo pasaron por alto. La candidata Emiliani afirmó que se le llamó por teléfono para proponerle un arreglo sobre su candidatura, lo que debió haber denunciado antes de la elección y bien haría en identificar a la persona que se la hizo.
El licenciado García, en su afán de defenderse sólo ha logrado atizar el fuego con desafortunadas declaraciones; discrepo con él en cuanto a que el incidente que desató esta tormenta es asunto privado pues, a mi juicio, dejó de serlo al llegar ante una corregiduría. Me inquieta que acuse de ateos a los que desaprueban su elección porque indica prejuicios religiosos; la Defensoría recibe quejas y denuncias de evangélicos, musulmanes, ateos, agnósticos, homosexuales, de mujeres maltratadas, trabajadoras del sexo, etc., que deben atenderse sobre la base que las leyes y los derechos humanos les otorgan. ¿Podría hacerlo García sin que interfieran las leyes y los juicios morales de la iglesia de la cual es diácono? Sus declaraciones, en este sentido, concitan serias dudas.
Es probable que las diferencias maritales de García quedaron atrás y ojalá así sea para tranquilidad de la pareja; pero la afrenta pública a la que se le ha sometido hubiera podido evitarse porque la Asamblea, ¡otra vez!, fue incapaz de hacer las cosas bien hechas. ¿Qué sucederá ahora? No sé. Si no renuncia García las gestiones de la institución se verán enturbiadas por la figura de su regente, a quien, sin duda, le esperarían cinco años tormentosos. Si renuncia, la Asamblea podría enmendar su desacierto, no permitiendo en la nueva elección presiones políticas, religiosas o de otra índole. Pero conociéndolos... es "soñar con pajaritos preñados".
La Defensoría del Pueblo, contrario a lo que piensan quienes no conocen bien su papel en la resolución de problemas ciudadanos frente al Estado, no es trinchera de guerra; debe ser manejada sin estridencia ni protagonismo vano; mediadora objetiva para solucionar conflictos y reducir fricciones; está allí para indicarnos que no debemos reclamar derechos violando los derechos de otros. Lamento ver partir al licenciado Juan Antonio Tejada, quien supo, con ecuanimidad pero con firmeza, y en armonía con otras instituciones estatales, llevar a buen final importantes acciones, entre ellas el Nodo de Transparencia que nos permite conocer la planilla, los gastos estatales y las partidas discrecionales para lo que enfrentó la severa resistencia de instituciones y funcionarios; con tesón admirable logró que asomara la punta del iceberg de los manejos de las empresas de electricidad, que los puso "contra la pared".
La Defensoría entró de lleno en las cárceles y de allí salió a denunciar los abusos contra los detenidos, tarea que no cuenta con la simpatía de muchos ciudadanos, por razones obvias; la defensa del medio ambiente contó con la solidaridad permanente de la Defensoría; se atendieron miles de casos, de los que nada se conoce, pero importantes para los directamente afectados; la gente de Tonosí, Emberá Purú, Chepo, y muchos otros lugares acudieron por ayuda a la Defensoría del Pueblo y fueron atendidos. Tejada nos deja una institución consolidada, descentralizada, con el personal profesionalizado que respetó y apoyó. Estoy segura de que cuando Juan Antonio Tejada cerró por última vez la puerta de su despacho, se marchó dejando atrás el título de Defensor del Pueblo con la satisfacción de haberlo honrado. Pocas veces tengo la oportunidad de manifestar este tipo de sentimientos y me alegra poder hacerlo.
El detonante en este episodio, la violencia intrafamiliar, es mal profundamente arraigado en nuestra sociedad. Hoy se ha formado una gran batahola por el caso García, sin embargo, "pasan agachados" los que han protagonizado políticos, empresarios, y miembros distinguidos de cuanta sociedad de valores éticos y morales existe porque la tabla de medir no es igual para todos. La Asamblea Nacional, que tiene a su haber el polémico nombramiento de un contralor de la República (Weeden) y de dos magistrados (Spadafora y Cigarruista), puede sumar este nuevo episodio a su deslucido historial. Otra vez, cumpliéndose la Ley de Murphy, queda comprobado, además, que "Quien siembra vientos, recoge tempestades".
La autora es comunicadora social
