Forzado por el acuerdo suscrito en la Unión Europea para reducir el déficit público en cada uno de los países miembro, el Gobierno español presentó el jueves 27 al Parlamento el decreto que contenía su paquete de medidas, muy semejantes, dicho sea de paso, a las tomadas por el resto de las naciones de la eurozona. Desde que se supo su contenido, anunciado previamente por Rodríguez Zapatero, han corrido ríos de palabras, de tinta y de demagogia. La conmoción causada por el hecho de que un gobierno socialista haya decidido recortar el gasto social (el buque insignia de su gestión y de su esencia) ha sido devastadora.
Entre las medidas destaca el congelamiento de las pensiones, que en España suben cada año de acuerdo con el IPC (Índice de Precios al Consumidor) y que cuentan con dos pagas extraordinarias completas al año, beneficio que se mantiene y que, en mi caso concreto, jubilada por Panamá, me pone amarilla de envidia.
A los empleados públicos se les reducirá una media del 5% del sueldo y un 15% a los miembros del gobierno, e incluso la Casa Real ha solicitado disminución de su presupuesto. Vale recordar, para acallar el victimismo de los funcionarios, que desde el inicio de la crisis los empleados de empresas privadas han visto ya reducidos sus salarios, la mayoría de las veces por acuerdos internos, con el fin de evitar la desaparición de las empresas y no aumentar las cifras de desempleo que alcanza casi el 20%.
Los ayuntamientos no tendrán acceso a créditos nuevos y, en teoría, habrá un mayor control de los gastos de las comunidades autónomas. Además, desaparece el cheque bebé, de 2 mil 500 euros (3 mil dólares al cambio actual), que el Estado entregaba desde hace un par de años por cada nacimiento, y la ley de la dependencia, que provee ayuda a las familias que tienen a su cargo personas que no pueden valerse por sí mismas, permanece vigente, si bien no tendrá efecto retroactivo.
Por impopulares y drásticos que sean los recortes, son, según los expertos, el medio más rápido y efectivo de reducir el déficit y de evitar que se produzcan situaciones como la de Grecia, aunque el Gobierno es consciente de que ralentizará el crecimiento económico.
Es inevitable que los ciudadanos nos hagamos preguntas, entre ellas, si las entidades financieras y los bancos, causantes de todo el desaguisado, gozan de buena salud. Al parecer están bien con el favor de Dios.
El decreto que se presentó a votación al Parlamento el pasado jueves fue aprobado, pero por un solo voto a favor. El Partido Popular se opuso a lo mismo que había venido reclamando desde hacía tiempo, y ni explicó las causas de su rechazo ni dio soluciones, pues es probable que, de darlas, habrían coincidido con las medidas tomadas. Se limitó a descargar toda su artillería contra la persona de Rodríguez Zapatero como inepto e ineficaz, y aunque es evidente que este ha cometido errores, lo único que persigue el PP son unas elecciones anticipadas en las que sería el ganador. Con la ventaja de que las decisiones sobre la reducción del déficit ya estarían tomadas y no serían responsabilidad suya.
Su demagogia ha recorrido todos los espacios posibles. Desde hablar con tono lastimero de los más necesitados (en referencia a los jubilados y funcionarios, lo que es muy discutible) hasta protestar por la eliminación del cheque bebé, al que se opuso en su día.
Por su parte, el resto de los partidos, minoritarios o nacionalistas, o bien se abstuvo en la votación o votó en contra. De ahí el escaso margen de la victoria.
El gobierno de Rodríguez Zapatero está solo, sin aliados, y su soledad se hará más patente cuando presente los presupuestos de 2011. Si no logra apoyo, tendría que prorrogar los de este año o disolver el Parlamento. No creo que lo haga. Los llaneros solitarios son figuras tristes, dramáticas, pero suelen llegar al final del camino aunque en ello les vaya la vida. Es cuestión de principios y de algo más: unas elecciones anticipadas no resolverían por milagro la crisis económica. Solo sería un quítate tú, que me pongo yo.