Cuando se habla de cultura, inequívocamente se deben incluir temas como arte, civilización, libertad y valores para darle coherencia y continuidad a dicha palabra, especialmente si el autoritarismo burocrático estatal quiere “democratizar” o “uniformar” el carácter multidimensional de estas actividades comunitarias, logrando así un supuesto “correcto” desarrollo social y cultural de estas prácticas naturales ciudadanas.
El recién creado Ministerio de Cultura (MiCultura), brazo regulador cultural del actual gobierno, apoya hoy a través de su ministro multifacético diplomado en Panamá y Cuba, la propuesta populista presentada el pasado 1° octubre a la Asamblea Nacional (proyecto de ley No. 134 de 2019) que propone defenestrar los patronatos culturales de su existente autonomía administrativa y financiera, condición indispensable para el ejercicio de sus loables funciones en el sector de patrimonios culturales, tales como el conjunto monumental histórico de Panamá Viejo o del recién restaurado Teatro Nacional.
Esta iniciativa legislativa, en beneficio de un centralismo antidemocrático, se da con el presunto fin de construir una pretendida “institucionalidad” en MiCultura, de clara intención normativa y de presión, con ánimo de instaurar un debido “orden” en el manejo de estas creaciones humanas y su patrimonio material, condiciones populacheras afortunadamente inexistentes en los 45 años que duró su antecesor, el Instituto Nacional de Cultura (INAC 1974) o en todos los otros 116 años de vida republicana.
Sin duda, existen “derechos culturales” universales que MiCultura definirá y propondrá con precisión y visión de futuro en la ya anunciada Ley Nacional de Cultura para presumiblemente luchar contra la pobreza, desigualdad, inaccesibilidad, racismo, gentrificación, elitismo y exclusión de las masas en el gozo de estos, máxime si el actual gobierno cumple con la recomendación de la UNESCO de invertir en cultura un mínimo anual del 1% del presupuesto nacional, que en Panamá sería del orden de $230 millones (en vez de los actuales $40 millones), que para políticos inescrupulosos sería otra fuente adicional para nombrar copartidarios en MiCultura y sus patronatos dependientes, de aprobarse el proyecto de Ley No. 134 propuesta el 1° octubre 2019.
En realidad, este ataque populista está dirigido más al Patronato del Teatro Nacional y al de Panamá Viejo porque han funcionado muy bien. Por eso ahora acusan a algunos de sus miembros de ser posibles delincuentes por haberle quitado esa carga al gobierno. Quieren meter la cultura en esa política clientelista que tanto daño le ha hecho a Panamá, como demuestran el abandono total del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz (MARTA) y las pésimas condiciones físicas de las infraestructuras coloniales de Portobelo y San Lorenzo el Real.
Por ahora, esta iniciativa legislativa no ha mencionado específicamente otras dos importantes entidades jurídicas público-privadas: la Fundación El Caño, con sus tesoros precolombinos, y el Patronato del Museo del Canal, sin excluirlos.
Ni MiCultura ni los patronatos son dueños de nuestra cultura, pero sí socios para desarrollar conjuntamente el mandato que establece el capitulo IV (“Cultura Nacional”) de nuestra Constitución Política.
Politizar el arte, la cultura, la civilización y sus valores es un crimen de lesa humanidad.
El autor es ciudadano
