El Deni, como la llamada policía secreta, son parte de un pasado que Panamá no tiene por qué volver a vivir. El golpe militar extranjero (invasión del 20 de diciembre de 1989) contra las llamadas Fuerzas de Defensa dejó sin efecto si no bien toda la nefasta Ley 20, sí algunos aspectos concernientes a la incorporación directa de estamentos tales como, militares o ex militares en Migración, Pasaporte, Aduanas, y el Departamento Nacional de Investigaciones hoy reformado y transformado (no solo fue un cambio de nombre) en la Policía Técnica Judicial, PTJ.
No obstante, desde la asunción del gobierno de Martín Torrijos estos efectos nefastos de la relativamente desaparecida Ley 20 comienzan a hacer su aparición en algún escenario de las instituciones antes señaladas, lo cual parece una burla a los desaparecidos y asesinados de la dictadura militar, por una parte, y a los miles de apaleados y gaseados y perdigoneados del período de Noriega y su confrontación con los norteamericanos.
No tiene sentido que potenciales coroneles y generales frustrados por los nefastos acontecimientos del 20 de diciembre estén tan cerca de las armas y los servicios de seguridad del Estado. Eso es tanto como si don Alan García nombrase jefe de la inteligencia peruana a Vladimiro Montesinos.
El país ha vivido una especie de control, inaceptable en democracia, de una Asamblea con actitudes de poca personalidad propia, la cual parece estar sometida por un Ejecutivo que con apariencia cándida ha impuesto y sigue imponiendo con base en un presunto desarrollo económico desde: un referéndum con porcentajes electorales no representativos de la voluntad popular, procuradores y otras autoridades de control de la gestión pública ligados al círculo gubernamental, hasta el nombre de las autopistas nacionales como si un cierto determinismo económico estuviese por encima de los principios fundamentales de la democracia y la separación de los poderes.
Con el panorama antes descrito se dio la especie de confabulación entre Legislativo, fuerzas gubernamentales y Ministerio Público, que ha dado al traste con la jefatura del señor Jaime Jácome al frente de la PTJ, al entrar en vigencia una ley que parece tener al menos como objetivo básico la salida del referido señor de la señalada jefatura de investigación criminal del país.
Ante lo anterior, la pregunta es ¿a quién se pretende nombrar para dicho cargo. La Policía Técnica Judicial es eso: una policía judicial que como tal nunca debió salir del ámbito de la Corte Suprema, en donde son nueve los pares iguales en una decisión y nunca debió colocarse bajo la supervisión y detalle total de un solo funcionario como lo es el procurador general. Pero ese es un aspecto de la ley que habrá de analizarse en próximos escritos. Ahora lo básico es que la señora procuradora no olvide, como en efecto no habrá olvidado, que este país vivió 21 años de oprobios en los cuales, desde el presidente de la República, pasando por el procurador de la Nación, fueron prisioneros de un grupo de sujetos que utilizaron las armas de la República para subyugarla e incluso utilizaron institutos como el Deni para borrar el más mínimo conato de una investigación en aras de la justicia.
Ningún funcionario del ejército represor de las desaparecidas fuerzas de defensa, por más título de abogado que pueda tener, tiene la solvencia en derechos humanos requerida para ejercer tal cargo en la PTJ, ni en los organismos policiales del país, y menos si son elementos involucrados en delitos de sangre, incluso contra sus propios compañeros de armas. El actual Ministerio Público, incluyendo la PTJ, tiene entre sus miembros suficiente material humano capacitado para el cargo sin necesidad de recurrir a sujetos que hasta el 20 de diciembre compartían el poder con Manuel Noriega .
Señora procuradora, los delitos contra los derechos humanos no prescriben. Mal mensaje se mandaría a la comunidad nacional e internacional nombrando a algún sicario de Noriega.
