Al cumplirse ayer, 7 de septiembre, el trigésimo primer aniversario de la firma de los Tratados Torrijos-Carter, considero oportuno hacer un repaso de los antecedentes que condujeron a ese hecho histórico y sobre el futuro del Canal en manos panameñas. La lucha de Panamá y los panameños por la soberanía sobre su principal recurso se inicia prácticamente desde la firma del Tratado Bunau Varilla-Hay, suscrito el 18 de noviembre de 1903 por el secretario de Estado de Estados Unidos, John Hay, y el ministro plenipotenciario de Panamá, Phillipe Bunau-Varilla. Firmado a escasos 15 días de la separación de Panamá de Colombia, el pacto fue ratificado en Washington, D.C., el 26 de febrero de 1904.
Ese tratado, mediante el cual Panamá concedió derechos a EU para concluir el canal interoceánico iniciado en 1881 por la Compagnie Universelle du Canal Interoceanique al mando del conde francés Ferdinand de Lesseps, fue interpretado unilateralmente por EU creando una colonia denominada Zona del Canal de Panamá alrededor de la vía acuática. Bajo ese esquema, Panamá se vio privado de explotar para beneficio de sus ciudadanos su privilegiada posición geográfica y su potencial de servicios marítimos.
Mediante ese pacto Panamá recibió 10 millones de dólares al momento de su ratificación, y un pago anual de 250 mil dólares. Los 10 millones de dólares, que para la época representaban poco más de la tercera parte del producto interno bruto del país (25 millones de dólares), pasaron a formar lo que se denominó Fondo de la Posteridad.
La creación de una colonia con gobierno propio, un régimen aduanero que privaba a Panamá de ingresos legítimos y un sistema discriminatorio contra los panameños en la Zona del Canal y en el sistema de empleo, dieron lugar a una larga lucha que, en su primera etapa, culminó el 2 de marzo de 1936 con la firma del Tratado de Amistad y Cooperación bajo los gobiernos de Harmodio Arias y Franklin D. Roosevelt.
Entre otras concesiones, ese tratado –cuyos beneficios económicos se aplicaron en forma retroactiva a partir de 1934– elevaría la anualidad de Panamá a 430 mil dólares.
En esa primera etapa de lucha revisionista, Panamá obtuvo un nuevo avance cuando el 25 de enero de 1955 los presidentes de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, y de Panamá, José A. Remón Cantera, firmaron el Tratado de Mutuo Entendimiento y Cooperación. Ese pacto, que entró en vigor el mismo día de su ratificación el 23 de agosto de 1955, elevó la anualidad de Panamá a 1 millón 930 mil dólares, pero mantuvo intacta la colonia y el esquema discriminatorio.
Fue a partir del gobierno militar encabezado por Omar Torrijos Herrera que Panamá retomó a principios de la década de 1970 el tema del Canal, pero ahora con el objetivo de derogar el viejo tratado y desarrollar uno nuevo que eliminara las remanentes causas de conflicto. Este nuevo enfoque, en sintonía con los objetivos nacionales, estuvo sólidamente sustentado en la heroica gesta de enero de 1964. Pero en lugar de uno fueron dos los pactos que surgieron en 1977 de esta última etapa: el Tratado del Canal de Panamá y el Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y el Funcionamiento del Canal.
Los denominados Tratados Torrijos-Carter, firmados por el presidente norteamericano Jimmy Carter, y por el jefe de gobierno de Panamá Omar Torrijos Herrera, el 7 de septiembre de 1977, pusieron fin a la colonia y a la presencia militar de Estados Unidos en Panamá, y establecieron un calendario para la entrega del Canal a Panamá, hecho que se cumplió al mediodía del 31 de diciembre de 1999, cuando expiró el pacto canalero.
Pero, tal como lo había anticipado el primer subadministrador y administrador panameño del Canal, Fernando Manfredo, Jr., los Tratados Torrijos-Carter no pusieron término a las luchas canaleras. La transición del Canal a Panamá estuvo muy lejos de ser un proceso libre de obstáculos. Como bien lo dijera el ejecutivo panameño de la Autoridad del Canal de Panamá, Rodolfo Sabonge, en el libro de la Dra. Ana Elena Porras, titulado Historias Canaleras: Doce Testimonios de la transición, en ese proceso “hubo de todo, menos una transición armónica”.
Esa última etapa de la recuperación del Canal se caracterizó por luchas de panameños dentro y fuera de la organización del Canal, porque se cumpliese la letra y el espíritu del Tratado, y ejecutivos zoneítas y sus aliados en Estados Unidos que luchaban por retener indefinidamente el control del Canal. Pero por designio de la historia, habría de imponerse el patriotismo y coraje de los panameños.
El impacto de la transferencia del Canal a Panamá ha sido indiscutible. Aparte de muchos otros beneficios, solo contabilizados los ingresos fiscales, en los primeros seis años de administración panameña el Canal produjo a Panamá 2 mil 200 millones de dólares, suma superior en 16% a los mil 877 millones aportados por el Canal en los 85 años previos bajo administración norteamericana.
Tan importante como la entrega del Canal a Panamá, el Tratado de 1977 tuvo la virtud de colocar en manos panameñas la explotación del potencial representado por su posición geográfica y la infraestructura marítima localizada en las riberas del Canal. Hoy día, gracias a esas luchas de varias generaciones, Panamá y los panameños tenemos un promisorio futuro.
