Es posible que el pistolero de Tucson, Arizona, que la semana pasada mató a seis personas e hirió a otras 14 en un ataque contra la congresista demócrata Gabrielle Giffords sea un desquiciado mental.
Lo que no sabemos todavía es si el crimen tuvo móviles políticos o antisemíticos; Giffords es judía. Más aún, el posible trastorno mental de Jared Lee Loughner ni nos ofrece una explicación suficiente del motivo del crimen ni nos impide reflexionar sobre el entorno en el que se produce.
Esta no es la primera vez que se da un suceso violento en Arizona. Cerca de Tucson está ese Tombstone inscrito en el imaginario del “oeste salvaje” como “el pueblo que se negó a morir”, y donde en las inmediaciones del O.K. Corral, los hermanos Earp y el legendario Doc Holiday, a balazos impusieron la ley.
También fue en Arizona donde, por un puñado de votos, la gobernadora Jan Brewer y su aparato gubernamental decretaron la demonización de toda la comunidad hispana al ordenarle a los policías detener en la calle a toda persona “sospechosa” de estar ilegalmente en el país, dejando a su criterio decidira quién exigirle prueba de su nacionalidad.
Ahora, con el arribo del nuevo año, Arizona reafirma su reputación como una de las “mecas del prejuicio y la intolerancia”, según las palabras del Sheriff del condado de Pima, Clarence W. Dupnik. Por desgracia, Arizona no es el único estado en la nación donde hoy reina la ira, el odio, el fanatismo y la hipocresía.
Después de la tragedia, y haciendo gala de una prudencia hasta ahora ausente, el liderazgo del Partido Republicano se ha dedicado a exhortar a la opinión pública a no apresurarse a señalar culpables. Con desconocida humildad, piden suspender el juicio contra aquellos que en sus batallas electorales han hecho del prejuicio y la intolerancia su santo y seña.
Lo que hay que preguntarle al nuevo líder de la Cámara Baja, John Boehner es ¿por qué antes de que sucediera el tiroteo nunca le dijo a Sarah Palin que era una provocación inaceptable señalar con la mirilla del telescopio de un rifle el distrito de Giffords e instar a sus seguidores a “volver a cargar y no emprender la retirada” para enfrentarse a quienes, como la congresista demócrata, habían votado en favor de la Ley de Reforma Sanitaria?
¿Por qué no le advirtieron a Jesse Kelly, el candidato republicano que finalmente perdió la contienda electoral contra Giffords, que su decisión de hacer un evento de recaudación de fondos en un campo de tiro al blanco, disparando su rifle M16 mientras arengaba a sus seguidores a “remover” a Giffords”, era una invitación al linchamiento o al homicidio?
¿Por qué no ha condenado las exaltadas proclamas de quienes cuestionan la legitimidad del Gobierno emanado del voto democrático del pueblo, sembrando dudas sobre la nacionalidad del Presidente?
De Loughner, el pistolero, sabemos que desconfiaba del “gobierno actual”, a quien acusaba de intentar “lavarle el cerebro a la gente”. También sabemos que utilizó una pistola semiautomática cargada con 30 balas y llevaba otros dos cargadores de reserva para matar y herir a personas inocentes. Lo que no sabemos es ¿cómo una persona con antecedentes de inestabilidad mental pudo comprar su arma ni con qué cara puede el senador por Kentucky, Paul Rand, repetirnos como loro la consigna de la National Rifle Association, diciendo que las armas de fuego no matan? ¿No sabrá que en 2009, hubo más de 15 mil homicidios? ¿No le han informado que hoy en este país se calcula que hay unos 300 millones de armas en manos de civiles?
No deja de ser irónico que en medio de esta horrible tragedia en Arizona, el heroísmo de Daniel Hernández, un joven hispano que recién había empezado a trabajar como interno en la oficina de la congresista, probablemente le haya salvado la vida. Sin detenerse a pensar que podría haber muerto en el fuego cruzado, Hernández corrió a socorrerla porque sabía cómo aplicar primeros auxilios. Por suerte, a pesar de su tez morena, en esta ocasión no hubo autoridad que le detuviera para pedirle que mostrara los papeles que prueban la pureza de su nacionalidad.