Por orden de magnitud, Brasil, Venezuela y Colombia son el pelotón de punta de la carrera armamentista latinoamericana. Pero cada uno sigue modelos muy distintos en su estrategia de crecimiento militar.
Ninguno de ellos es esencialmente bueno. Todos suponen riesgos. Sin embargo, hay que explorarlos con sentido de realidad para entender su “lógica” y ponderar sus efectos.
La apuesta brasileña es de largo plazo. No responde a la percepción de un desafío actual y preciso, aunque el armamentismo venezolano genere preocupación. Su horizonte es de futuro, y se vincula con un creciente protagonismo –y reconocimiento– como potencia media de proyección global; la única de Latinoamérica.
Sus multimillonarios contratos con Francia no solo responden al deseo de equiparse con tecnología bélica de punta (submarino nuclear incluido). Esto es solo una parte. La otra consiste en impulsar un verdadero complejo industrial–militar de amplio aliento, algo que se remonta hacia décadas atrás. De aquí los acuerdos de transferencia tecnológica y manufacturas binacionales, y la participación, junto a sus gobiernos, de grandes grupos empresariales brasileños y franceses.
Para Brasil, la inversión militar es consustancial con sus objetivos políticos y económicos. Forma parte de un “proyecto país” que también incluye la inminente explotación de sus fantásticos yacimientos subacuáticos de hidrocarburos.
En ambos planes –el petrolero y el militar– se contemplan alianzas público–privadas en que las empresas locales de diseño, ingeniería, energía, aeronáutica, siderurgia y construcción cumplirán tareas esenciales y garantizarán su crecimiento bajo tutela oficial. La lógica económica resulta discutible, pero el diseño geopolítico es claro.
Para Colombia, en cambio, el incremento del potencial bélico tiene un carácter más circunstancial. No forma parte de una visión nacional profunda. Es la respuesta inevitable ante un agudo problema local con repercusiones hemisféricas: el narcoterrorismo y sus irradiaciones.
El papel de Estados Unidos como proveedor de financiamiento, armas, entrenamiento y logística, y como usuario de bases colombianas, está claramente enmarcado por ese objetivo. Suponer que forma parte de un esquema expansionista o de una visión bélica de largo aliento es una simple fantasía ideológica. Desconoce la especificidad del “plan Colombia” y los límites impuestos por el Congreso en Washington.
El armamentismo venezolano es otra cosa. Su objetivo es dar músculo a la opción político–ideológica del presidente Hugo Chávez, un proyecto autoritario hacia adentro e intervencionista hacia afuera.
Su dimensión interna se orienta a alimentar grupos armados paralelos afines al régimen (milicias de factura represiva controladas por Chávez), mientras, a la vez, corteja a las Fuerzas Armadas, más institucionales, con sofisticados juguetes bélicos.
La externa, además de fortalecer su alianza estratégica con Rusia, como aguijón en el “traspatio” estadounidense, pretende convertir a Venezuela en un foco de irradiación militar en el entorno regional.
El crecimiento bélico es el cuarto pilar de una estrategia en la que el Alba es el sostén político, Petrocaribe el económico y el Congreso Bolivariano de los Pueblos el informal.
De los tres modelos armamentistas, el venezolano es, por mucho, el más inquietante, por ser parte de un proyecto claramente antidemocrático, sin controles internos ni contenciones externas.
Esto no implica aplaudir las otras dos opciones de crecimiento bélico. Cada una tiene sus justificaciones: más legítimas y urgentes las de Colombia; menos convincentes, aunque más sofisticadas, las de Brasil. Pero ambas, también, son inevitables detonantes de inquietud en el entorno regional.
Países como Argentina, Chile, Ecuador y Perú tienen derecho a ponderar los tresmodelos con creciente alarma. Por esto, la carrera armamentista latinoamericana ya luce incontenible.