Además, no hay un buen ordenamiento de la relación entre los consulados y las embajadas. Lescure señala que varios de los consulados despachan en las oficinas de la embajada, lo que generalmente da lugar a problemas de índole político y económico.
En otros casos, las embajadas no tienen presupuesto propio sino que dependen directamente del consulado, lo que significa que en meses de pocos recaudos consulares, la embajada se puede quedar sin dinero para pagar sus gastos. Y si llega a darse una disputa entre el cónsul y el embajador, la situación obviamente se pone muy difícil.
Hay 150 consulados y el negociado de los consulados funciona así: El Decreto de Gabinete No.75 del 1 de julio de 1990 autoriza el pago de honorarios consulares según en esquema en que el cónsul recibe el 8% de los recaudos hasta 20 mil dólares, 9% hasta 50 mil dólares, y 10% entre 50 mil dólares y 100 mil dólares. Entiendo que esas cifras son mensuales. Señala Lescure que "en consulados como Tokio, Kobe, Singapur o Londres, este porcentaje se convierte en una gran ganancia financiera para el funcionario consular, así como en los consulados de Rótterdam, Nueva York, o Miami". Otros consulados muy lucrativos están en Manila, Osaka, Pireos, Bangkok, Hong Kong y Nueva York.
Aunque la idea de este sistema es que los honorarios sean un incentivo de trabajo para los cónsules, Lescure observa que en la práctica, "lo que se ha producido en la mayoría de los casos, es una rebatiña de clientes tal, que nuestros consulados parecen tiendas de víveres a la usanza medieval en donde sus ‘dueños’ son capaces de cualquier acto, pulcro o vil, para capturar a un cliente".
No es de sorprenderse, por lo tanto, que, como escribe Lescure, "los dueños de las compañías navieras y los intermediarios se mofan de Panamá y se divierten contando anécdotas de las piruetas que nuestros cónsules hacen para arrebatarle los clientes a otro consulado panameño". Peor aún, ella relata que "hemos tenido funcionarios de alto nivel del aparato estatal, en diversos periodos políticos, quienes estando en Panamá son una especie de dueños feudales de algunos consulados y, desde sus ministerios o altos puestos públicos, manejan ciertas áreas consulares y hasta han cobrado porcentajes por nombramientos y recaudos", práctica que es "simple corrupción".
Obviamente, como subraya Lescure, hay que "poner mano dura" para corregir estos abusos, como también hay que "controlar aquellos pequeños rateros" en los consulados que cobran tarifas por encima del costo oficial autorizado. Igualmente hay que instituir controles al sistema de cónsules honorarios –en el último gobierno había 61– que muchas veces no son panameños.
El ensayo de Lescure analiza solamente la estructura y el enfoque del servicio diplomático, no el contenido de nuestra política exterior. Carlos Guevara Mann, director de Política Exterior en el gobierno de Moscoso, no solamente concuerda en que "las observaciones [de este ensayo] son ciertas", sino que agrega que "el negociado de los consulados rentados y de marina mercante es mucho más escandaloso de lo que parece". Guevara Mann me explicó por correo electrónico que "los consulados se asignan para pagar favores políticos a quienes contribuyeron a la campaña o para que alguien ‘de influencia’ haga mucho negocio".
Para ampliar el debate sobre las reformas que deben hacerse al servicio exterior, también le circulé un resumen del ensayo de Lescure a varios otros ex funcionarios de Cancillería en los gobiernos de Endara, Pérez Balladares y Moscoso, pero no recibí sus comentarios a tiempo para incluirlos en estas dos columnas. Pero regresaré al tema en futuras columnas porque tengo la esperanza de que el valiente ensayo de Lescure sirva como punto de partida para un debate público sobre el servicio diplomático que Panamá necesita, y merece tener.
