PORVENIR ECONÓMICO

Los negocios de algunos, o los intereses del país: Jaime E. Alemán Healy

A raíz de los atentados terroristas de 2001, del colapso financiero global de 2008 y del continuo problema del trasiego de drogas, los países del G-20 (20 economías más grandes del mundo) tomaron hace ocho años la decisión de buscar mayor transparencia en el sistema bancario global. Esos esfuerzos se canalizaron principalmente vía el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, encargado de velar contra el lavado de dinero) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, encargada de luchar contra la evasión fiscal).

Por razón de sus respectivas plataformas internacionales de servicios, Panamá y Suiza (al igual que muchos otros centros financieros) fueron objeto de fuertes presiones, muchas veces justificadas, para adaptar su legislación a las nuevas reglas del juego.

Como era de esperarse, inicialmente hubo mucha resistencia de los banqueros, abogados y usuarios de estos centros financieros a los cambios propuestos. Sin embargo, con el pasar del tiempo todos los países han entendido y aceptado la conveniencia de implementar dichos cambios, aunque esto conlleve una reducción en los ingresos de sus industrias de servicios financieros.

Suiza, en particular, ha demostrado un gran liderazgo en la materia. Como país serio, y consciente de la importancia de limpiar su imagen a nivel internacional, hizo los cambios legislativos necesarios y pronto logró salir de las listas grises y negras en las que la OCDE y la GAFI colocan a los países que no adoptan los nuevos estándares internacionales. Todos nuestros principales competidores han hecho lo mismo.

Panamá, por el contrario, se ha mostrado más reacio a aprobar los cambios requeridos, lo cual le causa un gran daño al país en términos de imagen. Varios bancos importantes como Paribas, BBVA y HSBC cerraron operaciones por causa de nuestra inclusión en las mencionadas listas. Además, prácticamente ningún banco de renombre global ha establecido presencia en el país en los últimos 10 años.

Lamentablemente, un reducido grupo de abogados y banqueros, que parecieran no estar conscientes del nuevo modus operandi de la banca internacional, sigue alegando todo tipo de razones infundadas (incluyendo la absurda proposición de que este es un esfuerzo de Estados Unidos para arrebatarnos nuestro negocio), para oponerse a los cambios que nos permitirían limpiar nuestra imagen y atraer nuevas inversiones. Es hora de que el gobierno haga caso omiso a esos argumentos y tome las medidas necesarias para que Panamá acepte los cambios propuestos y regularice su situación con la OCDE, como hicimos ya en el caso del GAFI.

Por supuesto que los cambios afectarán inicialmente el volumen de negocios y las utilidades de varios bancos y firmas de abogados (incluyendo la nuestra), pero a la larga saldremos beneficiados por razón de la mejor imagen que proyectaremos a nivel internacional, aparte de que aquellos que ofrezcan un servicio de primera calidad y sepan adaptarse a los nuevos parámetros, seguirán cosechando éxitos y obteniendo un nivel interesante de utilidades.

Imitemos el ejemplo de Suiza, mejoremos la calidad de nuestros servicios, y compitamos en base a productos estructurados que se adapten a las nuevas reglas del juego, a fin de que nadie pueda alegar en el futuro que nuestra plataforma de servicios internacionales es aprovechada por malhechores para lavar dinero o evadir sus obligaciones fiscales en su país de origen. Es mejor hacer estos cambios a voluntad propia, que bajo presión de una banca internacional que se podría ver obligada a terminar sus relaciones de corresponsalía con los bancos locales si no actuamos a tiempo, como en efecto ha venido ocurriendo en los últimos años, lo que tendría implicaciones cada vez más funestas no solo para la banca, sino para todas las demás áreas de nuestra economía.

Finalmente, es importante observar que el negocio de banca privada, el único a verse parcialmente afectado por los cambios propuestos, no alcanza ni tan siquiera el 0.5% del PIB, lo que hace más evidente que los temores de quienes se oponen a la medida se fundamentan en el interés de proteger sus negocios personales, y no en el legítimo interés de los panameños de ver consolidado nuestro porvenir económico.

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