Juntas directivas estatales

Nido del tráfico de influencias

Mi intención no es criticar las juntas directivas, pues son cuerpos colegiados que ayudan mucho en la toma de decisiones relativas a la administración de una entidad. Simplemente, lo que quiero entender es ¿cómo una persona puede atender reuniones de tantas juntas directivas a la vez, aparte de su trabajo?

Aunque hay funcionarios que, por ley, tienen que estar en algunas juntas directivas, hay otros que pueden ser nombrados por el Ejecutivo, con la consecuente ratificación por parte de la Asamblea Nacional. Pero, a lo largo de la historia, hemos visto personas que han sido nombradas políticamente en esas directivas, sin tener el conocimiento o experiencia en las actividades de la entidad estatal a la que pertenecen, aparte de familiares de funcionarios y exfuncionarios, lo cual puede prestarse para el tráfico de influencias.

Y Nadia Del Río no es la única nombrada en varias directivas a la vez. También están otros exfuncionarios en la misma situación que ella, que han formado parte de este gobierno o han ejercido cargos de elección popular anteriormente. Lo que sí me alarmó mucho es la respuesta del presidente Cortizo a las críticas de los nombramientos de su secretaria ejecutiva en aquellas juntas directivas, diciendo que “no revocará esos nombramientos”. Espero que el señor Presidente no tome esa misma actitud al nombrar otros funcionarios.

Lo que más me preocupa es que estos nombramientos se hayan hecho en plena contención del gasto, pues la economía panameña está pasando por una crisis en la que hay falta de empleos, mala distribución de la riqueza, aparte de que las instituciones públicas no han recibido el dinero suficiente para realizar proyectos importantes, por lo que se hace necesario nombrar personal técnico en esas juntas directivas, y dejar de lado el tráfico de influencias a la hora de hacer esos nombramientos.

La Ley del Presupuesto General del Estado es clara al establecer, en su artículo 295, que el pago de las dietas para las juntas directivas en todas las entidades gubernamentales es de $500 dólares por sesión, y un máximo de dos sesiones al mes. Sin embargo, Tocumen S.A. está pagando $1,000 dólares por sesión, y Etesa, Egesa, BNP y la Caja de Ahorros están pagando $750 por sesión, lo cual es una violación al artículo citado.

En fin, ya es hora de eliminar el tráfico de influencias de la administración pública. Comencemos por cambiar los procesos de selección de los miembros de las juntas directivas y nombrar a los mejores. Solo así podemos sanear nuestras instituciones públicas.

El autor es licenciado en mercadeo y comercio internacional

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