Mientras Daniel Ortega inicia su cuarto período presidencial consecutivo—que no es más que la continuación de su segunda dictadura instaurada en 2007—unos 170 presos políticos permanecen detenidos en Nicaragua. Añado mi voz a las voces de ciudadanos en los países libres del mundo que apelan a la legalidad, respeto por los derechos humanos y al humanitarismo para exigir su inmediata liberación.
Dentro y fuera de Nicaragua, es evidente que el arresto masivo por motivos políticos constituye una burda arbitrariedad. Según una encuesta de CID-Gallup, tomada en diciembre, “el 73% de los nicaragüenses considera la encarcelación de los presos políticos una injusticia”, y el 67% quiere “ver anulados los juicios de los presos políticos y su excarcelación inmediata”, según el pronunciamiento de los familiares de los presos políticos emitido el 25 de enero.
Estos arrestos ocurren en el marco de la más reciente ola represiva desatada por el régimen de Ortega, a partir de mayo de 2021, dirigida a desarticular a la oposición para asegurar la reelección sin competencia del dictador, en noviembre del año pasado. Para impedir desafíos a sus designios continuistas, Ortega confinó bajo arresto domiciliario a sus principales contendientes y encarceló en los calabozos del régimen a numerosos activistas políticos y defensores de los derechos humanos.
Poco antes de los comicios, France 24 (2 de noviembre) describió las arbitrariedades del régimen. Siete precandidatos fueron detenidos y acusados de “traición a la patria”, incluyendo a Cristiana Chamorro, la aspirante con mayores posibilidades de derrotar a Ortega, junto con Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.
“A quienes no encarceló”, continúa la agencia francesa, “Ortega los bloqueó jurídicamente”. El organismo supremo electoral, convertido en un apéndice de la dictadura, “inhabilitó a la Alianza Ciudadanos por la Libertad y con ello al último candidato con el que la coalición opositora buscaba competir: Óscar Sobalvarro”.
Además, “decenas de periodistas, activistas y otros líderes políticos y empresariales” fueron encarcelados y muchos otros se han visto en la necesidad de partir al exilio (France 24, 2 de noviembre).
Según The Economist (26 de junio de 2021), desde la década de 1970 no ha habido una represión tan descarada en América Latina, frente a la cual —vale recalcarlo— los países “hermanos”, con excepción de Costa Rica, han reaccionado con tibieza e indiferencia, cuando no con respaldo abierto y entusiasta, como el de Cuba y Venezuela. Bajo estas condiciones se llevó a cabo la votación del 7 de noviembre pasado, la cual, ante la exclusión de la oposición, fue considerada ilegítima por el 78% de los encuestados por CID-Gallup (Confidencial, 1 de noviembre).
El sentimiento de frustración de la población se tradujo en un elevado abstencionismo. En promedio, según el observatorio multidisciplinario independiente Urnas Abiertas, el 81.5% del electorado se abstuvo de votar (France 24, 8 de noviembre).
El presidente estadounidense, Joe Biden, describió las elecciones como “una pantomima”, y Josep Borrell, alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, destacó la falta de garantías y la carencia de legitimidad del proceso electoral que completa “la conversión del país en un régimen autocrático.”
El gobierno costarricense rehusó reconocer las elecciones nicaragüenses “por su carencia de condiciones y garantías democráticas”, de acuerdo con el presidente Carlos Alvarado (BBC, 8 de noviembre).
Aunque Ortega consiguió su cometido—una reelección sin contratiempos—y tomó posesión nuevamente, el 11 de enero último, mantiene privados de libertad a numerosos nicaragüenses. Muchos de ellos reciben maltratos y torturas despiadadas, incluyendo la privación de alimentos, la falta de acceso a la luz solar y aislamiento. “Pérdida extrema de peso, lagunas mentales, desmayos, depresión, ansiedad y caída de dientes, son algunos de los problemas de salud que padecen”, reporta Infobae (24 de enero).
Con ayuda de Venezuela y Cuba, que proveen apoyo para el sojuzgamiento de los medios de comunicación y entrenamiento represivo a las fuerzas armadas (The Economist, 13 de noviembre de 2021), y con respaldo diplomático de China y Rusia (esta última, además, principal proveedora de armamentos a Nicaragua), Ortega ha afianzado su dictadura para proseguir con su saqueo descabellado de la economía nicaragüense en beneficio de su familia y allegados. Su control del país, basado en el nepotismo, la represión y el clientelismo, supera al de la dictadura somocista, incluyendo sus pretensiones dinásticas.
The Economist (26 de junio de 2021) repasa sus actuaciones desde 2007 para someter al Congreso, el Órgano Judicial y el organismo electoral. Simultáneamente, “amordazó a los medios de comunicación” y “forjó una alianza implícita con la empresa privada” y las organizaciones religiosas del país.
Mantuvo simpatías entre los pobres, con programas sociales pagados con 500 millones de dólares al año en ayuda de Venezuela.” Cuando el subsidio venezolano se acabó, impuso medidas de austeridad que, en 2018, ocasionaron una gran jornada de protestas.
Ortega respondió con crueldad inusitada. El 15 de noviembre de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó “de al menos 355 víctimas durante la represión a las protestas sociales entre el 18 de abril y el 31 de julio de 2019”, incluyendo 27 menores de edad. “Víctimas”, en el contexto del comunicado, se refiere a muertos (https://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/302.asp).
Ante la acentuación de la autocracia, el pueblo nicaragüense merece apoyo y solidaridad; y la dictadura que ocasiona semejantes vejámenes, el repudio generalizado de quienes valoramos la democracia y el respeto por la dignidad humana como valores fundamentales de nuestra civilización.
El autor es politólogo e historiador; director de la maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá; y presidente de la Sociedad Bolivariana de Panamá.
