Cada cinco años, desde que vivimos en democracia, los empleados públicos se ven aterrorizados por el revuelo que provoca el nuevo inquilino de palacio sobre los puestos públicos. Esta práctica ha sido la constante desde el gobierno de Endara, quien botó de un solo plumazo a 25 mil trabajadores. La razón, pertenecer a un partido político afín a los militares.
Igual hizo Pérez Balladares, quien no dudó en sacar a unos 20 mil empleados públicos, e incluso, reformó el Código de Trabajo. La presidenta Moscoso también hizo lo propio, y Martín Torrijos siguió con la práctica y despidió a otra cantidad, casi igual.
Con el Gobierno del Cambio han despedido ya unos 25 mil funcionarios y aún se siguen apoderando de los humildes puestos públicos. El asunto es grave debido a que no hay una ley que evite las destituciones masivas en las instituciones del Estado.
Bajo la gestión de Endara se aprobó la Ley 9 de 1994 que rige la carrera administrativa, sin embargo, no fue hasta 1998, durante el gobierno de Pérez Balladares, que entraron los primeros 10 mil 150 funcionarios. En la administración de Moscoso no entró ningún funcionario. Al contrario, fueron sacados 3 mil 192.
El presidente Torrijos modificó la Ley 9 de 2007 y 35 mil fueron registrados, mientras que la primera ley que aprobó el gobierno del presidente Martinelli excluyó a 30 mil personas de la carrera administrativa de manera retroactiva y suspendió la ejecución del sistema hasta 2012.
Argelia Zambrano Barletta y Emérita Domínguez hacen una retrospectiva de los esfuerzos en Panamá para dotar al empleado público de un instrumento legal que le permita no solo tener estabilidad, sino incluso poder escalar en la administración pública sin que para ello prime la filiación a un partido político en el poder. (ver:http:/es.scribd.com/doc/18301696/carrera-administrativa). Son miles de familias que cada cinco años se ven en la necesidad de buscar alternativas para poder continuar con sus vidas producto de esta práctica deleznable.