“No hacer más de lo mismo” y “No dejar a nadie atrás”, son los desafíos más relevantes de la Agenda 2030. Apela a la creatividad y al sentido de realidad y urgencia en temas vinculados al desarrollo sostenible. Urge que no repitamos patrones de políticas públicas que no han impactado en la calidad de vida de los ciudadanos en los últimos 30 años.
Nos enfrentamos a una época de contradicciones, en la que preocupa un vacío institucional y una falta de liderazgo generalizado. Se despierta una sociedad activa, que cada vez más apela a la movilización colectiva. Quién quiera ser reconocido como líder, deberá demostrarlo.
En la reciente movilización en repudio a modificaciones inconsultas a las reformas electorales, se identifican dos actores: los ciudadanos que pertenecen a colectivos políticos y quienes, sin pertenecer a uno, alzan su voz. También está el observador pasivo que no se inmiscuye, olvidando que, como ciudadanos, tenemos el deber de estar vigilantes de nuestra democracia, exigiendo mayor transparencia y rendición de cuentas. Lo correcto es que cuando nuestras autoridades decidan ofrecer una solución, que sea integral y que atienda al bien común, a fin de tener un país más inclusivo, participativo y equitativo.
Las reformas al Código Electoral (CE) y los cambios que intentaron introducirse en la Asamblea Nacional de Diputados (AN) despertaron la inconformidad ciudadana. Hubo una demostración de repulsa en la que los ciudadanos en distintas partes del país, de manera cívica, salieron a expresar su indignación.
Desde la vuelta a la democracia, las reformas al CE son producto de una discusión en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) a fin de perfeccionar el instrumento normativo que propicia eficiencia y transparencia en los procesos electorales y consultas populares.
Muchos vieron las discusiones en la AN como una imposición y falta de respeto a su democracia, a sus derechos, recordando gran cantidad de ellos, la unidad que hubo en repudio del autoritarismo.
Desde la transición a la democracia en 1990, y la reorganización del Tribunal Electoral (TE), se ha convocado, mediante decreto, en siete ocasiones (1993, 1997, 2002, 2005, 2010, 2015 y 2019) a la CNRE para examinar, perfeccionar y actualizar nuestra legislación electoral vigente, utilizando los recursos de modernización y democratización de nuestro sistema político.
Panamá es uno de los pocos países que cuenta con esta ventaja democrática en donde el TE y la CNRE se reúnen, posterior a las elecciones generales, a examinar y actualizar nuestro CE y a trabajar en el fortalecimiento de los principios de equidad, transparencia y rendición de cuentas.
En enero de 2020, se instala la CNRE integrada por los partidos legalmente constituidos, partidos en formación, representantes de los ciudadanos electos por libre postulación y los representantes de los sectores económicos y sociales que integran el Foro Ciudadano Pro-Reformas Electorales.
Producto de más de 20 sesiones de debate, logran presentar un proyecto de ley de 323 artículos, con alguna participación como observador de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Misión de Observadores Electorales de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE). El sentimiento de decepción de muchos panameños se da cuando estas reformas se remiten a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la AN para su debate y perfeccionamiento técnico. Algunos comisionados acuerdan presentar modificaciones al Proyecto de Ley 544 “Que reforma el Código Electoral de la República de Panamá”, sin mediar comunicación de estas propuestas de reforma a los Magistrados del TE, Sociedad Civil e,incluso, a algunos comisionados.
Con el retiro de los Magistrados del TE, se evidencia la falta de consulta y respeto a lo acordado en la CNRE.
Como panameños, debemos estar vigilantes para asegurar que se respeten las propuestas de reformas al CE, no para ofrecer ventajas a unos o a otros, sino para perfeccionar nuestra democracia y el derecho a elegir y a ser elegidos.
Los panameños hemos luchado y defendido nuestra democracia. Seguiremos reclamando y exigiendo transparencia y rendición de cuentas ante prácticas opacas que obstaculizan los esfuerzos para lograr la paz social y el perfeccionamiento de la democracia desde una activa participación ciudadana.
La autora es abogada y miembro de Jóvenes Unidos por la Educación
