Ante una economía global en franca reactivación económica, pese a la pandemia de la Covid-19, América Latina y el Caribe deben aumentar sus exportaciones no tradicionales, particularmente las de productos con alto valor agregado. Durante el período 2004–2018, Panamá tuvo un crecimiento económico sostenido promedio anual del 7% frente al 3.3% de la región. De la misma manera, el país posee la tercera mayor desigualdad de América Latina y la sexta mayor del mundo. Este hecho demanda acciones estratégicas para mantener la sostenibilidad del crecimiento económico, como mecanismos que repercutan en el mejoramiento de la distribución de renta en el país.
Análisis (OCDE, 2017) realizados para la economía panameña señalan que los actuales motores del crecimiento económico parecen incapaces por sí solos, de seguir impulsando el progreso socioeconómico y la inclusión. Ese hecho demanda partir hacia el fortalecimiento de nuevos sectores productivos que aseguren el crecimiento continuo como la diversificación de la economía, de manera tal que permita incidir en la disminución de las desigualdades económicas existentes.
A pesar que Panamá es un país pequeño y con una geografía que facilita los vínculos económicos entre sus territorios, es uno de los países con las mayores desigualdades territoriales de América Latina. Dichas desigualdades son acentuadas en las provincias y comarcas, exceptuando la provincia de Panamá. Sumado a lo anterior, la sostenida crisis del sector agropecuario plantea retos para el país, pero, a su vez, esta condición representa una oportunidad para el sector primario, como es el caso del sub sector forestal.
Pese a que en los últimos 30 años se han realizado algunos esfuerzos desde el ámbito gubernamental por promover el subsector forestal, la realidad es que dichas acciones han carecido de coordinación intergubernamental, inversiones oportunas, seguimiento, inclusión efectiva y concertación con el resto de los actores.
La estructuración y fortalecimiento del sub sector forestal requiere la interacción de tres ámbitos. El primero es el ámbito público garante de la gobernabilidad, y en función de ello, responsable de la definición y aplicación de la política forestal, adecuación y fortalecimiento institucional, asistencia técnica oportuna, actualización de la legislación forestal, diseño e implementación de un plan nacional de desarrollo forestal sostenible con alcance de largo plazo y una planificación quinquenal con objetivos, metas e indicadores de cumplimiento y la propia inversión pública.
El segundo ámbito es el académico y gremial, responsable de la investigación y soporte técnico, en los que deben ser partícipes las universidades, gremios profesionales, gremios productivos y las comunidades indígenas y rurales.
El tercer ámbito es el sector privado, responsable de la producción y de agregar valor, en el que deben tener participación las organizaciones no gubernamentales con foco en la producción forestal, proveedores de servicios y productos, empresas y cooperativas de reforestación, industrias, inversión privada y financiamiento internacional.
Armonizar el accionar de los tres ámbitos, en donde el ámbito público asegure el marco jurídico institucional favorable para la creación de las condiciones habilitantes para tornar atractivo el sector a la inversión nacional y extranjera, en el ámbito académico y gremial para permitir la formación, perfeccionamiento profesional y el establecimiento de la regencia forestal, todo ello para asegurar la calidad y efectividad de las capacidades técnicas y en el ámbito privado para la investigación de mercado, de manera que se puedan colocar los productos, identificando las debilidades del sector secundario para mejorar las cadenas productivas. Por ello, el norte para estructurar el sector forestal con foco en las acciones que promuevan y aumenten las capacidades del sector primario (manejo y reforestación), asegurar la agregación de valor de la materia prima a través del sector secundario y, subsecuentemente, la atención del desatendido mercado nacional y la exportación.
La estrategia para posicionar al sector forestal para una economía productiva baja en emisiones de carbono debe ser conducente para alcanzar soluciones a los problemas y desafíos que la coyuntura impone, a través de la conjunción e inclusión de todos los actores del sector, la valoración del conocimiento colectivo del sector, la construcción participativa de una estrategia de largo plazo para el sector,la planificación participativa, monitoreo y seguimiento de metas y el establecimiento de un mecanismo permanente de consulta que asegure la representatividad de los tres ámbitos: el público, el académico–gremial y el privado.
A pesar que pocos países de la región han logrado de manera sistemática consolidar su sector forestal, como es el caso de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, hay que ponderar que nunca antes la región ha estado en mejor condición para lograr financiamiento para el sector forestal en función de la disponibilidad de los recursos del Fondo Verde del Clima (Green Climate Fund), que permite a las agencias implementadoras abaratar las tasas de interés adecuadas a la naturaleza de la actividad forestal.
Esta oportunidad abre infinitas posibilidades para que Panamá pueda desarrollar el sector forestal, fortalecer el sector primario, diversificar la economía, incidir en el mejoramiento de la distribución de renta, por la naturaleza de la actividad, activar las economías locales del ámbito rural, fijar mano de obra al campo, incorporar al pequeño y mediano reforestador, demandar capacidades de soporte técnico a través de extensión forestal, demandar investigación aplicada, aumentar la demanda de capacidades técnicas y profesionales, dar valor agregado a la materia prima para la atención del mercado nacional y, de manera subsecuente, la exportación. El reto está latente, pero la oportunidad coyuntural de acceso a recursos para hacerlo a bajo costo está sobre la mesa.
El autor es doctor en tecnologías de la información geográfica
