Han caído las dictaduras militares y las injerencias extranjeras que desangraron a muchos países de América Latina en décadas pasadas. La democracia formal es moneda común de la región, donde cada vez tienen menos sentido los furores patrioteros que antes enfrentaban a sus pueblos. Por eso llama la atención el incremento del gasto militar en la región, que se desprende del último informe del Stockholm International Peace Research Institute (Sipri).
El actual protagonismo geopolítico de Brasil y la existencia de grupos como las FARC, Sendero Luminoso, o incluso el recrudecimiento de la violencia en manos de los carteles de la droga en México, no justifican el incremento del gasto militar en América Latina. Ni tampoco lo hacen los efectos limitados que ha tenido la crisis económica en la región, a diferencia de lo que ocurre en Europa y Estados Unidos.
La coexistencia de millones de personas que padecen hambre con semejantes gastos militares entraña una obsesión con la seguridad a cualquier precio, en lugar de la búsqueda de un ambiente general de paz a partir del bienestar ciudadano. Esto no puede ocurrir en países donde la mitad de la población vive en pobreza extrema; donde la desnutrición les impide a los adultos del futuro desarrollar su capacidad de aprendizaje, donde las familias no tienen acceso a agua potable ni cubiertas sus necesidades sanitarias básicas; donde la corrupción retroalimenta niveles de recaudación fiscal tan bajos que impiden la creación y mantenimiento de servicios públicos para una vida digna; donde no está garantizada la educación pública, obligatoria y gratuita hasta los 16 años. Millones de jóvenes sin perspectivas se convierten en carne de cañón de bandas criminales y de grupos armados que luego atestan las mejores escuelas del crimen: las cárceles. Desde ahí se controla gran parte de la actividad criminal en países como México.
De las dictaduras militares y los gobiernos autoritarios se pasó, en pocos años, a la dictadura de los mercados, facilitada por las políticas neoliberales que impulsaron los gobiernos durante los años de represión, con las directrices del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Se habla del milagro económico chileno, de crecimientos económicos sostenidos como el de Perú en los últimos años, de México como futura potencia mundial, del éxito colombiano en su lucha contra el narcotráfico y las FARC.
Sin embargo, para hablar de bienestar no basta con dividir la riqueza que genera un país entre el número de habitantes. Se trata de ver el peso de las clases medias en la vida política, económica y cultural del país y el nivel de educación general de la población. La minimización de la brecha económica y social entre los que más tienen y los más empobrecidos constituye un indicador del bienestar que fomenta la paz.
Esto no implica adoptar una actitud buenista y negar la amenaza que suponen para los Estados distintos grupos armados como los carteles de la droga en México o las bandas armadas en las favelas de Brasil. Pero mientras se invierte en el entrenamiento y en el equipamiento de fuerzas de seguridad para que protejan a la población civil y garanticen el orden, no se puede descuidar la dimensión social del gasto público. Así lo ha hecho Brasil, que ha anunciado recortes en gastos de defensa para destinarlos a gasto social.
Aunque Medio Oriente y el terrorismo acaparan la agenda de Estados Unidos desde los atentados del 11-S, el gasto en armamento de la primera potencia puede haber repercutido en el rearme de Latinoamérica. Las bandas del crimen organizado en México consiguen gran parte de sus arsenales del otro lado de la frontera.
La industria militar privada que potenciaron los halcones norteamericanos durante las invasiones de Irak y de Afganistán ha encontrado nuevos nichos de mercado en América Latina. La presencia de Blackwater en Colombia y de DynCorp en otros países, en el marco de iniciativas como el Plan Colombia y el Plan Mérida, alimentan ese negocio en climas de violencia.
América Latina aún tiene la oportunidad de convertir sus democracias formales en democracias participativas y de distribuir el incremento sostenido de su riqueza de una forma más equitativa para fomentar un auténtico clima de paz y bienestar.