Con el lema “No aceptamos la dictadura”, una amplia coalición de organizaciones políticas y civiles de Nicaragua convocó a la población a sumarse a un frente de resistencia contra las maniobras del presidente Daniel Ortega para perpetuarse en el poder.
Una resolución de la sala constitucional del Tribunal Supremo le permite optar a un nuevo mandato. Seis magistrados allegados a los sandinistas (a la sesión celebrada en semisecreto no convocaron a los jueces liberales) declararon inaplicable el artículo 147 de la Constitución, que prohíbe la reelección consecutiva del presidente. De esta manera, la sala constitucional falló a favor del recurso de amparo presentado por Ortega. En su razonamiento alegó que impedir la posibilidad de reelección presidencial y, al mismo tiempo, permitir la reelección indefinida de los diputados “es una violación al derecho de la igualdad ante la ley”.
El presidente del Supremo, Manuel Martínez, rechazó el fallo por haberse producido como una emboscada con defectos de forma y de fondo. Dijo que, en todo caso, la decisión debe ser avalada por el pleno del alto tribunal.
Ortega se parece hoy más a un populista de derechas que al jefe revolucionario que fue en los años 70. Reclama que, igual que los alcaldes, él también tiene derecho a reelegirse de manera consecutiva. Hace 65 años –en abril de 1944– Anastasio Somoza García, el padre de la dinastía somocista, utilizaba ese mismo argumento para aspirar a un segundo mandato. “Tengo los mismos derechos que cualquier otro nicaragüense”, decía.
Las tres corrientes liberales (PLC, ALN y PLI) se han unido para revertir el fallo del tribunal. El ex presidente Arnoldo Alemán, hasta ahora aliado de los sandinistas pese a estar condenado a 20 años de cárcel por corrupción, dijo: “Los jueces que fallaron no pertenecían a la sala constitucional. Los liberales unidos impediremos la barbaridad y el golpe de Estado que dio el Frente Sandinista con sus magistrados”.
Violeta Granera y Carlos Tunnermann, del Movimiento por Nicaragua, pidieron a la población y a la comunidad internacional que no acaten una sentencia que, a su juicio, es nula, ilegal, ilícita e inexistente al reformar arbitrariamente la Constitución.
La coalición contra la reelección de Ortega, integrada por todos los partidos menos el sandinista y por unas 20 organizaciones de la sociedad civil, señala que la resolución de los jueces viola la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Azalia Solís, del Movimiento Autónomo de Mujeres, pidió dejar el miedo a un lado y salir a las calles a protestar de todas las maneras cívicas posibles para evitar que en Nicaragua se instaure otro dictador como Somoza.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos condenó la sentencia por considerar que constituye la instauración de una “dictadura dinástica”.