Todo pueblo que aspira a ser considerado y respetado como una nación, Estado libre y soberano, tiene que demostrar que sus hijos por sí solos son capaces de defender y garantizar su soberanía e integridad territorial. Ningún otro Estado con su fuerzas armadas y soldados extranjeros debe sustituirnos o relevarnos de este compromiso tan digno y hermoso.
Observo a la actual generación de dirigentes políticos empeñados en contagiar a las masas, diseminando su síndrome antimilitarista, e insisten en sostener la tesis, aberrante por cierto, de que el costoso y confundido "Cuerpo de Policía" (pues un día son militares y horas después policías), representa la organización básica y suficiente para cumplir con esta misión tan importante, lo que es una fantasía.
Esta realidad nos presenta hoy ante el mundo como un semi-Estado frágil, donde solo hay un Canal, con sus habitantes indefensos y tímidos que no se atreven siquiera a asumir como les corresponde su responsabilidad de organizarse para custodiar y defender su propia patria.
Por lo expuesto, con frecuencia tenemos que soportar callados, porque son ciertas, declaraciones como las que hizo el nuevo jefe del Comando Sur ante el Senado estadounidense, y luego en Quito, el general Bantz Craddok, al expresar que "las FARC entran y salen por nuestras fronteras en Darién libremente, ya que Panamá no tiene la disposición, la capacidad ni la organización militar para rechazarlos". Además, el presidente de Colombia, Alvaro Uribe, quien propone que nos integremos energéticamente a ellos, parece ser que lo que busca realmente es "destaponar" Darién para ampliar y profundizar su teatro de guerra hacia el "Panamá soberano".
Vista y expuesta la situación sobre las flaquezas e insuficiente organización militar para garantizar la integridad territorial del país, es menester terminar de organizar, mediante la Constitución y la ley, lo que ha venido evolucionando a escondidas, aun con civiles al frente de Policía a Guardia Nacional (desde Asvat a Pérez) ya que este fenómeno del crecimiento de la Fuerza es imparable, empero, sí conducible y precisamente está haciendo falta eso: administrar debidamente el desarrollo de la Fuerza.
Los jefes de los componentes de la Fuerza Pública deben surgir del vientre de la organización y serían jubilados cada cinco años, ¡nunca más!, al mismo ritmo de los períodos constitucionales.
Para mantener el equilibrio del poder en la nación y que la Fuerza Pública no rebase o compita con los tres poderes tradicionales del sistema, deberíamos crear un freno desde la Asamblea Nacional, reglamentando la Subcomisión de Asuntos de la Organización y Desarrollo de la Fuerza Pública, y detener de una vez por todas el crecimiento caprichoso que se burla de los controles, a través de los créditos extraordinarios, donde solo deciden tres funcionarios: el director, el contralor y el Presidente.
Finalmente, el temor que subyace en algunos políticos sobre el peligro de que en algún otro instante de crisis política en la vida nacional, irrumpan en el escenario político una vez más los uniformados de la Fuerza Pública, a solicitud del pueblo soberano a imponer el orden, tiene validez. Hasta se me ocurre que dicho temor es conveniente y saludable, ya que persuade a los presidentes –quienes nos miran y tratan como sus rehenes después que los instalamos en la Presidencia cada cinco años– a portarse bien y a no cometer excesos ni abusos de corrupción contra el tesoro público ni el patrimonio nacional; y además a tener en cuenta que pueden ser juzgados durante su mandato.
Para cerrar, considero que la figura del director civil, otrora necesaria, hoy es perniciosa, ya que tiende a hinchar de poder a los presidentes, permitiéndoles tener en el bolsillo derecho a la Fuerza Pública y en el izquierdo a los tres poderes del Estado.